La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó el informe de Acción Empresarial por la Educación (Educa) sobre el impacto económico de la suspensión de clases, cuestionando que esta entidad haya recibido más de RD$67 millones en fondos públicos en los últimos cinco años, mientras atribuye a los docentes las pérdidas por las interrupciones de la docencia.
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP calificó de inconsistentes las conclusiones del «Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases», argumentando que presenta datos descontextualizados y responsabiliza únicamente al magisterio de problemas que, según ellos, son resultado de deficiencias estructurales del sistema educativo.
El gremio sostuvo que el informe parte de una premisa errónea al afirmar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia, ya que el calendario escolar oficial establece 1,528 horas distribuidas en 191 días lectivos para los niveles Inicial y Secundario, lo que requiere una explicación técnica de las cifras presentadas.
Además, la ADP negó que las 55 convocatorias de suspensión de clases mencionadas por Educa hayan afectado a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país, asegurando que no han convocado a una paralización nacional de la docencia en más de tres años.
El sindicato argumentó que las protestas en diversas provincias han sido respuestas a reclamos por el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, problemas de seguridad y situaciones extraordinarias, como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.
En su respuesta, la ADP también cuestionó la autoridad moral de Educa y otras organizaciones para emitir evaluaciones sobre la educación pública, señalando que datos oficiales indican que Educa recibió RD$67,078,539.93 a través de programas de formación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), mientras que Fe y Alegría obtuvo RD$12,037,375.00 en subvenciones.
Según el gremio, ambas entidades recibieron en total RD$79,115,914.93 de fondos públicos, recursos que, de acuerdo con estimaciones sobre los costos de construcción de aulas, habrían permitido edificar entre 11 y 15 nuevas aulas para el sistema educativo.
La ADP reiteró que la prioridad debe centrarse en mejorar las condiciones de los centros educativos, garantizar espacios seguros y dignos para estudiantes y docentes, y fortalecer la inversión pública en educación con criterios de eficiencia, transparencia y equidad.
