Enrique de León, primer secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y uno de sus fundadores, alertó sobre las consecuencias legales de la decisión del Congreso Extraordinario Nelly Amador de excluir a los docentes del sector privado de la membresía del sindicato. Esta medida podría amenazar la personería jurídica de la ADP y limitar su capacidad para realizar paros en planteles estatales.

De León cuestionó el impacto de esta decisión en el carácter original del sindicato, advirtiendo que lo convierte en una organización que solo agrupa a docentes del Ministerio de Educación, perdiendo así su esencia clasista y su registro sindical. Según él, la ADP había mantenido su enfoque inclusivo desde su fundación en la década de 1970, cuando se inscribió en el Ministerio de Trabajo con la participación de maestros de colegios privados.

El exsecretario general calificó de «gravísimo error» la aprobación del artículo 6 de los estatutos por parte del congreso, señalando que refleja una degradación de los principios fundacionales de la ADP. De León enfatizó que esta decisión traiciona a los docentes privados, quienes jugaron un papel crucial en la creación y organización del sindicato durante sus primeros años.

Además, recordó que los primeros líderes del gremio provenían del sector privado, lo que resalta la importancia de su contribución a la ADP. Explicó que muchos de estos docentes enfrentaron despidos masivos y restricciones en su carrera profesional como consecuencia de su compromiso con el sindicato.

De León subrayó que la ADP fue concebida como el sindicato único de todos los trabajadores de la enseñanza, abarcando tanto a profesores de universidades públicas como privadas, así como a docentes de la educación preuniversitaria en ambos sectores. La decisión actual, según su opinión, pone en riesgo esta visión inclusiva y solidaria del gremio.