Una adolescente de 14 años que se encontraba bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en un centro de acogida de San Antonio de Guerra murió presuntamente ahorcada por otras tres menores, según informaciones preliminares. El incidente ocurrió en la madrugada del 24 de mayo, cuando la víctima fue inmovilizada con una sábana y asfixiada con el cordón de una prenda de vestir por tres adolescentes de 17, 15 y 14 años.
La menor había ingresado al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo y fue encontrada sin vida nueve días después dentro de una instalación que está bajo la responsabilidad del Estado. La familia de la víctima ha expresado su frustración por la falta de información sobre las circunstancias de su muerte.
Inquietudes familiares y proceso judicial
Los familiares han manifestado que no han recibido explicaciones completas sobre lo sucedido en las horas previas al trágico evento, lo que aumenta las dudas sobre las condiciones de vigilancia en el centro. El presunto homicidio ocurrió en un espacio donde residen adolescentes en situación de vulnerabilidad, lo que genera más cuestionamientos.
Este viernes, tres parientes de la víctima acudieron a la Ciudad Judicial para dar seguimiento al proceso relacionado con el caso, pero la audiencia programada fue aplazada para el próximo lunes. En esa fecha, se espera que continúen las diligencias procesales vinculadas a las tres menores investigadas.
Durante su tiempo en custodia, la adolescente intentó obtener información sobre su estado y las razones de su protección estatal, pero no recibió respuestas satisfactorias. La familia busca aclarar no solo quiénes participaron en la muerte de la menor, sino también dónde se encontraba el personal encargado en el momento de los hechos.
Además, indagan sobre cómo funcionaban los mecanismos de vigilancia dentro del centro y si existían antecedentes de conflictos entre las adolescentes involucradas. También cuestionan si se aplicaron correctamente los protocolos para menores consideradas de alta vulnerabilidad o con conductas de riesgo.
Tras el fallecimiento de la joven, Conani anunció la suspensión preventiva del personal responsable de la seguridad y el acompañamiento en el centro residencial, así como una intervención administrativa para revisar los protocolos de atención y protección en las instalaciones.
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