La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) solicitó al Congreso Nacional que apruebe antes del 5 de noviembre un proyecto para extender por dos años la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal. Esta solicitud fue hecha por el presidente de la entidad, el mayor general retirado Freddy González Estrada.

González Estrada argumentó que las empresas de seguridad privada y otros sectores productivos requieren un período de transición para adaptar sus estructuras internas y establecer programas de cumplimiento normativo. Aseguró que el sector empresarial apoya la modernización del sistema de justicia, pero advirtió que la implementación inmediata del régimen de responsabilidad penal corporativa podría generar incertidumbre jurídica.

El presidente de Adesinc explicó que la prórroga de 24 meses permitiría a las empresas capacitar a sus empleados y ajustar sus protocolos de dirección y supervisión. “Lo que exigimos es un plazo razonable que permita estructurar adecuadamente los programas de cumplimiento, capacitar al personal y alinear los protocolos de dirección y supervisión corporativa”, expresó.

González Estrada destacó que las empresas de seguridad privada manejan operaciones que involucran gestión de riesgos y cumplimiento de normas sectoriales, lo que requiere tiempo para adecuarse al nuevo régimen. También advirtió sobre las sanciones que podrían incluir multas y cierre de establecimientos, las cuales podrían afectar la estabilidad de empleos formales si se aplican sin un periodo de transición.

Adesinc aclaró que la prórroga no implica renunciar a la aplicación de la ley, sino establecer un tiempo para que las empresas y el sistema judicial cuenten con las herramientas necesarias. La entidad respaldó la iniciativa del senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y valoró que el Senado la aprobara de urgencia en dos lecturas consecutivas.

González Estrada expresó su esperanza de que la Cámara de Diputados complete los trámites legislativos antes de la fecha límite para la entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reiteró que el sector espera que la normativa se aplique con criterios claros y respeto al debido proceso.