Cuatro abogados han señalado que las alertas migratorias son ilegales y que un impedimento de salida del país solo puede ser impuesto mediante una orden judicial. Recomiendan que, si un ciudadano enfrenta este problema, se dirija a la Procuraduría General de la República para presentar certificaciones que demuestren que no tiene casos pendientes en los tribunales o decisiones que le prohíban viajar.

Los juristas, entre ellos José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz, explican que si el ciudadano ha estado involucrado en un proceso judicial, debe presentar certificaciones de sentencias que levanten el impedimento o que indiquen que los casos han concluido a su favor.

La Procuraduría General informó que ha solicitado a la Dirección General de Migración (DGM) levantar «cualquier alerta e impedimento de salida» que no haya sido emitida por un tribunal. Esta acción es parte de una actualización del sistema migratorio que ha permitido eliminar restricciones a **56,140** personas.

Según la Procuraduría, muchos de estos registros carecían de sustento judicial y limitaban el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, ya sea por procesos judiciales que se habían cumplido hace tiempo o por errores administrativos.

Los abogados Valdez y Díaz aconsejan que para verificar si existe algún impedimento, el ciudadano debe acudir a la DGM y solicitar una certificación de su estado, la cual solo se expide a la persona afectada. Aunque también se puede consultar a la Procuraduría, advierten que suelen ser escépticos en proporcionar información, a pesar de que están obligados a hacerlo por ley.

Para realizar la solicitud en la DGM, se requiere un pago de **2,000** pesos. En septiembre del año pasado, el juez Franny González ordenó a Migración entregar al exprocurador general Jean Alain Rodríguez el documento que impuso la restricción migratoria en **noviembre de 2020** y **junio de 2021**.

A pesar de la sanción económica de **30,000** pesos por cada día de retraso en la entrega de la documentación, el abogado de Rodríguez, Carlos Balcácer, indicó que Migración «nunca» cumplió con la orden del juez, alegando que no encontraron órdenes relacionadas con la alerta.

La procuradora general de entonces, Miriam Germán Brito, admitió que las alertas migratorias no están permitidas en la legislación dominicana, y en una reunión con altos funcionarios, expresó que debían ser dejadas sin efecto por ser contrarias a la ley. Solo el director de Migración estuvo de acuerdo con su posición.