Un grupo de abogados ha solicitado a la Procuraduría General de la República que investigue 47 muertes en operativos policiales ocurridos en 42 días. Estas muertes, de reales o supuestos delincuentes, han generado un debate sobre la aplicación del llamado “código 29” en la lucha contra la criminalidad en República Dominicana.

Los abogados cuestionan los alegados intercambios de disparos que la Policía ha presentado como justificación y han pedido al Ministerio Público que realice análisis de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios relacionados con cada caso. Esta acción se alinea con el llamado del director de la Policía, Ernesto Rafael Rodríguez García, quien instó a que se recurra a las autoridades judiciales para esclarecer los homicidios.

Demandas de transparencia

La procuradora Yeni Berenice Reynoso, conocida por su defensa de la ley y la transparencia, se espera que no archive la investigación sobre estas muertes, que han sido catalogadas por la Policía como legítimos homicidios. La comunidad exige que se establezca la verdad en medio de acusaciones de excesos por parte de las fuerzas del orden.

Los abogados enfatizan que la Policía no tiene licencia para operar al margen de la ley, y que es esencial que se investiguen a fondo estos incidentes. La situación ha desatado un debate sobre la seguridad ciudadana y la necesidad de un equilibrio entre la protección del orden público y el respeto a los derechos humanos.

La voz de este grupo legal se presenta como un llamado a la justicia, representando los intereses de aquellos que buscan construir una nación más justa y equitativa. La presión social y la demanda de respuestas continúan creciendo en torno a estos casos, que han captado la atención de la opinión pública.

La investigación de estas muertes podría sentar un precedente importante en la relación entre la Policía y la ciudadanía, así como en la aplicación de la ley en el país. La transparencia en este proceso es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones del Estado.