Un tribunal de apelaciones de Nueva York escuchó este jueves los argumentos de los abogados del expresidente Donald Trump, quienes buscan anular su condena por ocultar un pago de 130.000 dólares a la exactriz Stormy Daniels durante su primera campaña presidencial en 2016.
Trump enfrenta un juicio en 2024 en un tribunal del condado de Manhattan por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago que buscaba silenciar a Daniels y evitar que se revelara su relación, según la Fiscalía. A pesar de que el juez Juan Merchan le impuso en enero de 2025 una sentencia de «libertad incondicional», Trump se convirtió en el primer presidente de EE.UU. condenado por un delito.
El expresidente ha negado las acusaciones y ha intentado, sin éxito, trasladar el caso a un tribunal federal. Su nuevo equipo legal se presentó ante la División de Apelaciones del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, donde tanto la defensa como la Fiscalía respondieron a las preguntas de un panel de cinco jueces.
Posibles caminos legales
Ambas partes han indicado que el caso podría llegar al Tribunal de Apelaciones del estado y potencialmente a la Corte Suprema de EE.UU., según CBS News. Esta audiencia se lleva a cabo con un nuevo equipo legal tras el nombramiento de Todd Blanche y Emil Bove III en posiciones clave.
El pasado 16 de octubre, el abogado Robert Giuffra presentó documentos para la apelación, argumentando que el pago debería estar sujeto a las leyes electorales federales, que, según él, prevalecen sobre los procesos judiciales estatales. También alegan que los fiscales violaron la inmunidad presidencial y no demostraron que Trump tuviera «intención de defraudar».
El documento presentado por la defensa señala que las declaraciones y la estrategia de la Casa Blanca durante el juicio fueron oficiales, en respuesta a acusaciones públicas que afectan la integridad del presidente. Por su parte, la Fiscalía sostiene que el plan de «pago por silencio» de 2016 constituyó «una conspiración para defraudar al público estadounidense y a los reguladores gubernamentales».
