El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, presentó un hábeas corpus para solicitar la libertad inmediata del exmandatario, quien fue sentenciado a 11 años de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022. La solicitud se basa en un dictamen de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que concluyó que su detención fue arbitraria y debe ser excarcelado, según informaron medios locales.
El recurso fue presentado ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, apoyándose en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sostiene que la detención de Castillo careció de base legal. Ayala también solicita la nulidad de las actuaciones judiciales previas, incluyendo la prisión preventiva de 18 y 36 meses y la condena en primera instancia del 4 de diciembre del año pasado, que ha sido apelada.
Además, el abogado pide que se anule la resolución legislativa que declaró la vacancia presidencial de Castillo por incapacidad moral, argumentando que no se respetó su derecho a la defensa. En el documento se señala como responsables de la vulneración de la libertad de Castillo al actual presidente interino, José María Balcázar, al ministro de Justicia, Luis Jiménez, y a varios jueces y miembros del Congreso.
El Grupo de Trabajo de la ONU opinó que la captura de Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por su intento de golpe, fue arbitraria y recomendó su liberación inmediata, así como una indemnización y otros tipos de reparación conforme al derecho internacional. Balcázar, al ser consultado, indicó que el informe podría modificar el escenario jurídico para un posible indulto.
Balcázar, quien transferirá el mando presidencial a Keiko Fujimori el 28 de julio, agregó que esperará una petición formal de los abogados de Castillo, la cual deberá ser analizada a la luz del nuevo acuerdo de la ONU. El presidente subrayó que el informe puede fortalecer una nueva solicitud de indulto, que deberá ser evaluada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El gobernante enfatizó que cualquier decisión durante su gestión dependerá de que se incorporen los términos del pronunciamiento de la ONU en un pedido formal de indulto. Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, tras su intento de cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, en un contexto de acusaciones de corrupción en su contra.

