El abogado y jurista Paul Maldonado presentó ante el Senado de la República un anteproyecto de modificación constitucional que busca establecer fechas claras para el inicio y finalización de los períodos de los jueces de las altas cortes, así como del procurador general de la República y los procuradores generales adjuntos. La propuesta fue entregada al senador Daniel Rivera de Santiago y al senador Guillermo Lama de Bahoruco, con el objetivo de que sea considerada por el Congreso Nacional para fortalecer la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática del país.

Detalles de la propuesta

El anteproyecto sugiere modificaciones a los artículos 171, 180, 187 y 215 de la Constitución de la República Dominicana, que se refieren al Procurador General de la República, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Maldonado indicó que, aunque la Constitución establece mecanismos para la selección de estas autoridades a través del Consejo Nacional de la Magistratura, no define fechas precisas para el inicio y culminación de sus funciones, lo que genera vacíos interpretativos y conflictos institucionales.

El jurista destacó que el propósito de esta iniciativa es garantizar certeza jurídica, igualdad institucional y un estricto respeto al mandato constitucional de los funcionarios designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. En su exposición de motivos, enfatizó la importancia de establecer reglas claras para evitar ambigüedades en la interpretación de los períodos de servicio.

La propuesta establece períodos definidos: dos años para el procurador general y los procuradores adjuntos; siete años para los jueces de la Suprema Corte de Justicia; nueve años para los magistrados del Tribunal Constitucional; y cuatro años para los jueces del Tribunal Superior Electoral. Además, incluye disposiciones transitorias que respetan los períodos de las autoridades actualmente en funciones, indicando que las nuevas reglas se aplicarían a futuras designaciones.

Maldonado aclaró que la reforma no busca alterar la estructura esencial de la Constitución, sino fortalecer el cumplimiento efectivo de sus disposiciones y robustecer la institucionalidad democrática. Con esta iniciativa, se pretende evitar interpretaciones discrecionales sobre la permanencia en funciones de las autoridades constitucionales.