El abogado Francisco Álvarez Martínez alertó este miércoles sobre las ambigüedades en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal, apoyando el proyecto del senador Rafael Barón Duluc Rijo que propone extender por 24 meses el plazo para su entrada en vigor.

Álvarez Martínez argumentó que este aplazamiento permitiría corregir dificultades de aplicación, precisar las obligaciones de las empresas y definir los criterios que las autoridades deben utilizar para establecer la responsabilidad penal de las organizaciones.

El jurista expresó que persisten interrogantes sobre la evaluación de los programas de cumplimiento empresarial, los controles exigibles para prevenir delitos y los criterios para distinguir entre organizaciones que actuaron diligentemente y aquellas cuyo incumplimiento contribuyó a una infracción.

Advirtió que la falta de reglas claras podría llevar a fiscales y jueces a tomar decisiones que deberían estar definidas por la ley, lo que afectaría la seguridad jurídica y el derecho de defensa.

Entre los aspectos que necesita aclarar se encuentran los criterios para determinar la eficacia de los programas de cumplimiento, la responsabilidad de las empresas por acciones de subordinados o terceros, y las condiciones para atribuirles una infracción.

También subrayó la necesidad de definir la relación entre infracciones laborales y responsabilidad penal, ya que controversias sobre contrataciones o despidos podrían generar procesos paralelos sin criterios claros.

El abogado destacó que esta incertidumbre podría impactar el acceso al crédito, la confianza de clientes y proveedores, y las decisiones de inversión, especialmente para las pequeñas empresas que enfrentarían altos costos por controles y defensa legal.

Propuestas para una mejor aplicación

Álvarez Martínez sugirió que la extensión del plazo debe ir acompañada de medidas concretas que aseguren la aplicación del régimen con reglas claras y capacidades institucionales adecuadas.

Entre sus propuestas se incluye establecer un mecanismo de coordinación administrativa bajo el Ministerio de Justicia, definir responsabilidades de las instituciones involucradas y capacitar a fiscales y actores del sistema judicial.

Además, recomendó un proceso público de consultas con organismos reguladores, universidades y gremios para identificar dificultades y formular propuestas de solución.

Finalmente, el jurista enfatizó que las observaciones deben ser revisadas por el Congreso Nacional y que las precisiones sobre responsabilidad y garantías de aplicación deben ser incorporadas en la legislación, no depender solo de guías administrativas.