El presidente Luis Abinader suspendió el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, debido a la oposición social y ambiental que generó. La decisión se tomó tras un paro provincial donde diversos sectores expresaron su preocupación por el impacto ambiental y la protección de los recursos hídricos de la zona. Abinader fundamentó su medida en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, argumentando que un proyecto de tal magnitud no es viable si enfrenta una oposición masiva.
Con esta acción, el Gobierno prioriza la paz social y el consenso comunitario como requisitos indispensables para cualquier iniciativa industrial en el país. Esta decisión se suma a otros proyectos que el Ejecutivo ha retirado tras escuchar el descontento social, incluyendo el reciente retiro del proyecto de modernización fiscal en octubre de 2024, apenas 11 días después de su presentación en el Congreso.
En su discurso, Abinader indicó que la falta de consenso fue clave para su decisión, reafirmando su compromiso de que en una democracia se puede lograr todo con el pueblo, pero nada contra él. En octubre de 2021, el mandatario había descartado una reforma fiscal, argumentando que no era el momento adecuado para aumentar la carga impositiva tras los efectos económicos de la pandemia.
Además, en febrero de 2023, el presidente retiró el proyecto de Ley sobre Trata de Personas, que había sido sometido para proteger los derechos de las víctimas, pero que recibió críticas por abrir posibilidades a la permanencia de inmigrantes ilegales en el país. Asimismo, el proyecto de ley de Ciberdelincuencia fue detenido tras advertencias de gremios periodísticos sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
El manejo de activos estatales también ha sido influenciado por la opinión pública, como se evidenció en el caso del proyecto de ley sobre el Fideicomiso Público de Punta Catalina en 2022, que, a pesar de ser aprobado en la Cámara de Diputados, fue enviado al Consejo Económico y Social para una revisión tras el rechazo mediático.
Otras iniciativas, como la creación del Ministerio de Justicia, también fueron detenidas para integrar correcciones sugeridas por expertos antes de su aprobación. Esta apertura al diálogo ha permitido que las reformas estructurales del Estado sean sometidas a un escrutinio más riguroso.
Con la suspensión del proyecto minero Romero, Abinader reafirma su modelo de gestión enfocado en la escucha activa y su compromiso con la preservación del medio ambiente. En 2024, diferentes sectores sociales también rechazaron la aprobación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que llevó al Gobierno a formar una comisión de especialistas para realizar las correcciones necesarias.
