El presidente Luis Abinader reconoció que el Gobierno debió iniciar antes un diálogo con la sociedad civil sobre las nuevas disposiciones del Código Penal, que ha generado preocupación en diversos sectores. Aseguró que los cambios consensuados ya fueron depositados en el Congreso Nacional y serán aprobados antes del 3 de agosto, fecha en que la legislación entrará en vigencia.

Durante una entrevista, Abinader admitió que tanto el Gobierno como la sociedad civil debieron actuar inmediatamente tras la aprobación del análisis del nuevo Código Penal. «Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó», expresó.

El mandatario recordó que la República Dominicana ha ocupado posiciones destacadas en el Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa, pero también destacó los desafíos que plantea el uso de redes sociales y medios convencionales en la protección de otros derechos fundamentales. «Es necesario poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad y a la honra», indicó.

Abinader explicó que el pasado viernes se sometió al Congreso un paquete de modificaciones consensuadas tras varias semanas de diálogo con comunicadores y organizaciones de la sociedad civil. «Duramos como unas cinco semanas discutiendo estas modificaciones. Y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto», afirmó.

Las modificaciones buscan equilibrar la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, como la intimidad y la dignidad de las personas. El presidente enfatizó que, aunque la República Dominicana tiene un buen desempeño en libertad de prensa, el crecimiento de las redes sociales requiere una actualización del marco legal.

Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento fueron consensuadas con diversos sectores y ahora deben ser conocidas por el Congreso Nacional antes de la fecha límite para la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Al ser cuestionado sobre la construcción de consensos, Abinader destacó el papel del Consejo Económico y Social y su disposición al diálogo con todos los actores políticos y sociales. Mencionó las consultas realizadas a expresidentes como parte de su enfoque colaborativo.

Sobre las acusaciones de una supuesta «ley mordaza», el presidente rechazó firmemente la acusación y reafirmó su compromiso con las libertades públicas. «Si hay algo por lo que estoy preocupado es por la democracia de mi país», concluyó.