El presidente Luis Abinader devolvió al Congreso una ley que autoriza el pago de deudas a contratistas por mantenimiento de escuelas, argumentando la falta de detalles sobre los montos y beneficiarios.

En una carta enviada el pasado viernes a la Cámara de Diputados, Abinader observó que el proyecto aprobado no especifica el monto exacto que el Estado deberá desembolsar ni identifica formalmente a las empresas y ciudadanos que recibirán el pago.

La ley, aprobada el 12 de enero bajo un procedimiento de urgencia, autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal, algunas de las cuales datan de hasta 30 años.

Sin embargo, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) estima que la deuda total asciende a aproximadamente 2,000 millones de pesos.

Abinader citó el artículo 233 de la Constitución, que establece que el Poder Ejecutivo debe programar sus ingresos y gastos, para justificar la necesidad de contar con información financiera más precisa antes de autorizar cualquier pago.

En su misiva, el presidente también destacó que el proyecto carece de “certeza y exigibilidad” debido a la falta de documentación que respalde la condición de acreedores del Estado de las personas y empresas mencionadas.

El proyecto de ley menciona a más de 500 empresas y ciudadanos a quienes el Estado debe dinero por la construcción y mantenimiento de obras.

Sin embargo, no se proporcionan documentos que certifiquen los trabajos atribuidos a estos contratistas. Abinader criticó la ley por autorizar el pago de deudas por obras sin contrato formal, lo que podría comprometer la responsabilidad financiera del Estado.

Entre las entidades públicas que tienen deudas con los contratistas se encuentran:

• Ministerio de Obras Públicas
• Ministerio de Vivienda y Edificaciones
• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
• Instituto Nacional de Aguas Potables
• Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
• Junta Central Electoral
• Alcaldía del Distrito Nacional

Los contratistas que más dinero deben recibir son Wagner Manuel Mosquea, con tres contratos; el ingeniero Arturo Aníbal Rincón, también con tres contratos; y Miguelina Rincón Santana, con dos.

La ley excluye las obras ejecutadas de los mantenimientos correctivos, estableciendo que solo el Ministerio de Educación tiene deudas en este último grupo.

Según el artículo 103 de la Constitución, los legisladores tienen dos legislaturas ordinarias para considerar las observaciones de Abinader.

Si no lo hacen, la ley se aprobará automáticamente con las observaciones del Poder Ejecutivo.