La República Dominicana enfrenta una grave crisis de seguridad vial, impulsada por el aumento descontrolado de motocicletas, la debilidad institucional y el incumplimiento de las leyes de tránsito. Este fenómeno, que comenzó como una alternativa económica de transporte, ha derivado en miles de muertes y lesiones anuales, además de significativas pérdidas económicas para el Estado.

Las motocicletas son actualmente el principal medio de transporte informal en el país, debido a su bajo costo y la falta de opciones en el transporte público. Sin embargo, esta expansión ha ocurrido sin una planificación adecuada ni una cultura de educación vial, lo que ha generado consecuencias alarmantes.

Estadísticas preocupantes

Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), en 2024 se registraron 3,114 muertes en accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de ocho muertes diarias. Además, se reportaron 14,179 accidentes que afectaron a 19,960 personas. En 2025, las cifras continuaron siendo alarmantes, con 1,291 fallecidos y más de 57,000 lesionados por accidentes viales.

Entre 2020 y 2022, se registraron 8,599 muertes por accidentes de tránsito, cifra que supera las muertes ocasionadas por la pandemia del COVID-19 en el mismo período. Muchos de estos decesos corresponden a motociclistas que circulaban sin casco, licencia o seguro, y que violaban las normas de tránsito.

Falta de cumplimiento de la ley

A pesar de que la Ley No. 63-17 establece la obligatoriedad del uso de casco y la posesión de licencia y documentación vehicular, muchas de estas disposiciones son ignoradas. Los motociclistas a menudo transitan en sentido contrario, cruzan semáforos en rojo y llevan pasajeros sin protección, lo que ha creado una percepción de impunidad.

Las sanciones por violar estas normas, aunque son severas, en la práctica se han reducido a montos insignificantes, haciendo que infringir la ley sea más económico que cumplirla. Esto ha generado un impacto económico significativo, con pérdidas que equivalen al 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando los 130 mil millones de pesos anuales en gastos relacionados con accidentes viales.

Los hospitales públicos están saturados de pacientes con lesiones graves, lo que limita su capacidad para atender otras emergencias. Los costos médicos por paciente accidentado pueden oscilar entre RD$100,000 y RD$700,000 diarios, lo que representa una carga considerable para el sistema de salud del país.

La situación no solo afecta la salud pública, sino que también tiene profundas repercusiones sociales, dejando familias destruidas y aumentando la pobreza. La saturación hospitalaria limita la atención a otras emergencias, lo que agrava aún más la crisis del sistema de salud.

Para abordar esta problemática, es crucial implementar una política integral de seguridad vial que incluya mayor fiscalización, controles estrictos para motociclistas y educación vial en las escuelas. La transformación cultural y la responsabilidad institucional son esenciales para reducir las muertes y lesiones en las vías del país.

La República Dominicana debe decidir si continuará normalizando el caos en sus calles o si asumirá el compromiso de construir una cultura de paz y orden. La crisis vial es un reflejo de la situación institucional y cultural del país, y su solución requiere decisiones firmes y un esfuerzo conjunto de la sociedad.