Los reglamentos deben respetar la Constitución y la ley vigente, ya que son productos de la administración y no pueden crear situaciones jurídicas nuevas ni imponer restricciones al ejercicio de derechos fundamentales. Según el Tribunal Constitucional, los reglamentos deben estar subordinados a la ley y cualquier infracción que exceda su competencia puede llevar a su nulidad.
Un reglamento no debe contradecir la ley, sino que debe alinearse con su letra y espíritu. La validez de un reglamento depende de su conformidad con la ley, y su emisión requiere una ley previa que lo respalde, salvo en casos de poder reglamentario autónomo.
Principio de legalidad y separación de poderes
Los reglamentos que violan el principio de legalidad, establecido en el artículo 40.15 de la Constitución, son considerados inconstitucionales. Este principio asegura que nadie puede ser obligado a hacer algo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, lo que refuerza la competencia del órgano legislativo para regular estas materias.
La extralimitación de atribuciones en el ejercicio de la potestad reglamentaria también se tipifica como una vulneración al principio de legalidad. Esto se relaciona con la necesidad de que el legislador, que cuenta con mayor legitimidad democrática, sea quien regule adecuadamente estas competencias.
Regulación de derechos y procedimientos
La regulación de derechos fundamentales debe realizarse únicamente a través de la ley, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. La Constitución establece que ciertas materias básicas deben ser desarrolladas por el legislador, asegurando que se cumplan los límites necesarios para el ejercicio de las funciones institucionales.
Los defectos de procedimiento en la adopción de normas reglamentarias ocurren cuando se omiten trámites exigidos por la Constitución. La ley debe garantizar la audiencia a los interesados, un derecho que forma parte del debido proceso administrativo.
Además, la Ley núm. 200-04 establece la obligación de publicar proyectos de regulaciones con antelación, mientras que la ley 107-13 garantiza el derecho de participación del público en la aprobación de reglamentos que puedan afectar sus derechos. En resumen, un reglamento no puede imponer prohibiciones o sanciones si no cuenta con la autorización de la ley correspondiente.
