Más de una centena de jubilados y pensionados protestaron este viernes ante el Ministerio de Educación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el centro de Caracas, exigiendo salarios dignos que les permitan adquirir sus medicinas y alimentos. La pensión mensual es de 130 bolívares, equivalentes a 0,23 dólares, lo que dificulta su acceso a productos básicos.

Carlos Gallego, de 65 años, expresó que para poder comer un kilo de carne, deben reunirse entre 50 personas para compartirlo, reflejando la precariedad de su situación. Aunque su intención era marchar hacia la Vicepresidencia y el Ministerio de Finanzas, la policía bloqueó el paso con vehículos antimotines, limitando su recorrido a la sede del IVSS.

A pesar de las restricciones, dos comisiones lograron entregar un documento con sus demandas en el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia. Gallego también mencionó que el costo del pasaje en autobús es de 100 bolívares, lo que deja a los pensionados con apenas 30 bolívares para regresar a casa, obligándolos a caminar.

Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados de Caracas, exigió al Estado una vida digna que garantice una alimentación balanceada y acceso a la salud. García rechazó el pago de pensiones a través de bonos por la plataforma Patria, considerándolo un mecanismo de control social discriminatorio.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en los bonos a 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados, lo que generó indignación en sindicatos del sector público, ya que estas bonificaciones no afectan beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Rodríguez argumentó que estos aumentos son resultado de los ingresos petroleros tras acuerdos con Estados Unidos y que fueron consensuados con sindicalistas chavistas y opositores. En la protesta, la jubilada Carmen Laya afirmó que cada vez que salen a la calle, la respuesta del Gobierno es «la represión», subrayando la determinación de los adultos mayores para continuar luchando por sus derechos.