Un tribunal en Bolivia revocó este viernes las órdenes de captura contra dos líderes sindicales, Mario Argollo y Vicente Salazar, quienes lideran las protestas y bloqueos de carreteras en el país. Esta decisión podría facilitar un diálogo entre los sectores movilizados y las autoridades, en medio de una crisis política y social. La medida fue adoptada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de La Paz.

Argollo, presidente de la Central Obrera Boliviana (COB), y Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, son considerados figuras clave en las movilizaciones que han paralizado importantes regiones de Bolivia durante varias semanas. Los sindicatos habían condicionado su participación en una mesa de diálogo a la anulación de las órdenes de captura, argumentando que estas obstaculizaban cualquier negociación.

Iniciativa de diálogo y acusaciones

La propuesta de diálogo es impulsada por la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica y otros mediadores nacionales, con el fin de buscar soluciones a la crisis actual. Los dirigentes enfrentaban acusaciones de terrorismo e instigación pública a delinquir, tras los enfrentamientos con la Policía y disturbios que se generaron durante las manifestaciones.

Tras la decisión judicial, los líderes de los sectores movilizados indicaron que evaluarán su participación en las conversaciones, aunque subrayaron la necesidad de garantías para evitar nuevas acciones judiciales contra los manifestantes. Las protestas son promovidas por sindicatos, organizaciones campesinas y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes acusan al Gobierno de no cumplir compromisos y de implementar medidas de privatización, lo que las autoridades han rechazado. La crisis ha generado un impacto significativo en el país, con bloqueos que superan las tres semanas, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, así como un aumento en los precios de productos básicos.

Las ciudades de La Paz y El Alto son las más afectadas por los cortes de carreteras, aunque las protestas también se han extendido a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Ante esta situación, varios países de la región han enviado ayuda humanitaria a Bolivia, incluyendo a Perú, Chile y Paraguay, mientras que Argentina ha facilitado aeronaves militares para el transporte de alimentos.

Estados Unidos también anunció asistencia alimentaria, médica y logística para apoyar los esfuerzos del Gobierno boliviano. La anulación de las órdenes de captura se considera un posible paso hacia la reducción de tensiones, aunque persisten dudas sobre la disposición de las organizaciones movilizadas para negociar mientras continúan las protestas.