La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana adoptó un reglamento el 22 de mayo de 2026, que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera del período de precampaña, buscando garantizar la equidad electoral. Esta norma establece que la precampaña inicia el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones, según el artículo 41 de la Ley núm. 33-18, y requiere un registro obligatorio para las firmas encuestadoras. Aunque algunos sectores consideran que esta disposición limita la libertad de prensa, su comparación con regulaciones en otros países revela que se trata de una adaptación de prácticas ya consolidadas en el derecho electoral internacional.
El reglamento de la JCE busca equilibrar la libertad de información con la igualdad de oportunidades en la contienda electoral. La regulación de encuestas ha sido un tema debatido en varios países, y la JCE se une a este diálogo con su nueva normativa. Este reglamento prohíbe la difusión de encuestas antes de la precampaña, lo que se considera una medida para evitar que ciertos actores políticos obtengan ventaja antes del inicio formal de la competencia electoral.
Comparación con modelos internacionales
Francia es un referente en la regulación de encuestas electorales, con su Ley de 1977 que establece un organismo independiente para supervisar el cumplimiento de los requisitos metodológicos. Este modelo incluye la obligación de divulgar la ficha técnica de cada encuesta y un período de blackout antes de las elecciones. A pesar de las críticas sobre la efectividad de esta prohibición en la era digital, Francia ha mantenido su regulación, complementándola con mayores obligaciones de transparencia.
En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe la publicación de encuestas durante los cinco días previos a la votación. Aunque se ha señalado que esta restricción tiene efectividad limitada, la norma persiste como un símbolo de control electoral. Tanto el modelo francés como el español comparten elementos con el reglamento de la JCE, como la exigencia de registro de las firmas encuestadoras y la obligación de publicar la ficha técnica de las encuestas.
Implicaciones en América Latina
En América Latina, el debate sobre la regulación de encuestas ha seguido el camino de los modelos europeos, aunque con particularidades locales. En Colombia, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una prohibición de divulgar encuestas treinta días antes de las elecciones, permitiendo una restricción de siete días. Recientemente, se aprobó una ley que establece un período de silencio de tres meses antes de la inscripción oficial de candidaturas, generando controversia sobre su duración.
Chile también ha avanzado en la regulación de encuestas, proponiendo una iniciativa que establece obligaciones para las entidades demoscópicas. Este enfoque resalta la tendencia en la región hacia la regulación de encuestas con períodos de blackout cortos y obligaciones de transparencia. La JCE, al adoptar su reglamento, se alinea con estas tendencias, buscando un equilibrio entre la libertad de información y la equidad electoral.
El reglamento de la JCE se distingue por su prohibición de publicar encuestas desde el inicio de la precampaña, lo que puede extenderse hasta dieciocho meses antes de las elecciones. Este enfoque busca evitar que la publicación de encuestas adelante la competencia electoral y genere asimetrías. La JCE justifica esta decisión como una medida para mantener la coherencia en el proceso electoral y proteger el orden público electoral.
La JCE también reconoce el derecho de las organizaciones políticas a realizar encuestas para uso interno antes de la precampaña, siempre que no se difundan públicamente. Esta distinción es crucial para permitir la investigación sin restringir la actividad de los partidos. La obligación de divulgar información técnica sobre las encuestas, como el software utilizado y el método de muestreo, posiciona a la República Dominicana en la vanguardia de la transparencia metodológica en la región.
El reglamento enfrenta el desafío de mantener su efectividad en un entorno digital donde la información circula rápidamente. La experiencia internacional demuestra que las prohibiciones de publicación no siempre impiden la difusión de datos a través de otros canales. La JCE deberá desarrollar mecanismos que aborden estos nuevos desafíos y asegurar la legitimidad de sus decisiones en la aplicación del reglamento.
La adopción del reglamento, tras un proceso de consulta con partidos y encuestadoras, le otorga una legitimidad que podría ser valorada positivamente por los tribunales. La JCE ha elaborado un marco normativo cuidadoso, y su éxito dependerá de la coherencia y mesura en la aplicación de sus disposiciones.
