La Corte Penal Internacional (CPI) ha programado el inicio del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte para el próximo 30 de noviembre, por crímenes de lesa humanidad relacionados con su polémica «guerra contra las drogas». Esta decisión fue tomada tras una conferencia dedicada a la preparación del proceso judicial.

Antes de que comiencen las audiencias, la CPI se encargará de resolver todas las cuestiones pendientes y establecer los procedimientos necesarios para asegurar un desarrollo «justo y expedito» del juicio. En abril, una sala de cuestiones preliminares confirmó los tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte, lo que permitió avanzar hacia el juicio.

Duterte, quien fue presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, se encuentra detenido en La Haya desde marzo del año pasado. Los jueces tomaron en cuenta las observaciones de la Fiscalía, la Defensa y los representantes legales de las víctimas, así como el tiempo necesario para la divulgación de pruebas antes del inicio formal del juicio.

La Sala de Primera Instancia III, que lleva el caso, está compuesta por la jueza presidenta Joanna Korner y los magistrados Keebong Paek y Nicolas Guillou. La orden de arresto contra Duterte fue emitida el 7 de marzo de 2025 de manera secreta y se hizo pública cuatro días después.

El exmandatario, de 81 años, fue arrestado en Manila y entregado a la CPI el 12 de marzo, compareciendo ante el tribunal por primera vez el 14 de marzo para confirmar su identidad. La audiencia de confirmación de cargos, que se había programado para septiembre del año pasado, se llevó a cabo a finales de febrero tras un retraso solicitado por la Defensa.

En esa audiencia, los jueces concluyeron que existían «motivos sustanciales» para creer que Duterte tenía responsabilidad penal en asesinatos y otros actos relacionados con la «guerra contra las drogas». La Fiscalía sostiene que el expresidente jugó un papel central en una campaña de ejecuciones extrajudiciales que comenzó durante su mandato como alcalde de Dávao y se extendió a nivel nacional durante su presidencia, dejando miles de víctimas según organizaciones de derechos humanos.

A pesar de los intentos de la defensa de impugnar la jurisdicción de la CPI, argumentando que Filipinas abandonó el Estatuto de Roma en 2019, los jueces determinaron que la Corte mantiene jurisdicción sobre los crímenes presuntamente cometidos mientras el país era miembro. La investigación de la CPI sobre Filipinas sigue en curso, enfocándose en presuntos crímenes ocurridos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Además, la defensa de Duterte planteó problemas de salud que podrían afectar su participación en el proceso, pero los jueces, basándose en informes médicos, concluyeron que el expresidente es apto para enfrentar el juicio.