Tres juristas afirmaron este martes que el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el exministro administrativo José Ramón Peralta es una persecución política. Ybo René Sánchez Díaz, Manuel Sierra y Valentín Medrano Peña sostienen que el caso Calamar tiene un tinte político y advierten que el sistema de justicia no debe judicializar la política, ya que esto lo desacredita.

Sánchez Díaz y Sierra argumentan que un juez respetable debe impartir justicia y proteger la imagen de un sistema que actualmente está desacreditado. Según ellos, la acusación carece de pruebas que vinculen directamente a Peralta con los hechos imputados, señalando que todos los años el Congreso recibía informes de ingresos y egresos, pero el ministerio y el gobierno realizaron sus propias auditorías sin considerar esos informes.

Medrano Peña, por su parte, destacó que en un Estado Social, Democrático y de Derecho, no es suficiente acumular documentos o realizar parafernalias mediáticas, como lo hace el Ministerio Público en este tipo de procesos, para sustentar una imputación penal. Resaltó que la etapa preliminar exige pruebas rigurosas, obtenidas de manera lícita y directamente vinculantes con los hechos imputados.

El jurista citó a Eugenio Raúl Zaffaroni, quien advirtió que en el proceso penal lo más peligroso no es siempre el delito, sino la creencia de que cualquier prueba es suficiente. Aceptar documentos sin valor probatorio real puede colocar al ciudadano en un estado de indefensión, lo que se observa en estos procesos saturados de papeles que no constituyen pruebas válidas.

Medrano Peña también criticó la estrategia comunicacional del Ministerio Público, que busca generar condenas sociales anticipadas a través de la presión mediática, a pesar de la falta de pruebas concretas que demuestren la comisión de delitos penales. Cuestionó la intención de sostener un tipo penal tan grave como la estafa al Estado sin que el órgano acusador haya presentado una sola prueba que evidencie que Peralta estafó al Estado dominicano.

Los juristas concluyen que no hay duda de que el motor del proceso contra José Ramón Peralta es de fabricación interesada, lo que pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial en este caso.