Recientemente, un chofer del transporte escolar estatal fue agredido por un motoconchista en el sector Café de Herrera, Santo Domingo, mientras trasladaba niños a sus hogares. Este incidente, que dejó una profunda impresión en los menores presentes, refleja una problemática más amplia relacionada con la violencia de los motoristas y la falta de respuesta institucional. El caso de Deivy Carlos Abreu Quezada, asesinado en abril mientras trabajaba como recolector de basura, ilustra la ineficacia de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.

Abreu buscó ayuda en un destacamento policial y en el Palacio de Justicia de Santiago, pero no recibió la protección necesaria, lo que resalta la indiferencia de un sistema que no actúa a tiempo. Este tipo de situaciones no solo pone de manifiesto la violencia de los motoristas, sino que también revela la vulnerabilidad de este grupo en las calles, expuestos a múltiples riesgos sin la protección adecuada.

La ausencia del Estado y sus consecuencias

La falta de acción del Estado ante la violencia ha permitido que los motoristas establezcan sus propias reglas en la vía pública. La cultura de protección mutua entre ellos, sin un marco institucional que regule su comportamiento, ha surgido como respuesta a la ausencia de una autoridad creíble. Esto no se trata solo de agresividad individual, sino de un fenómeno más complejo que requiere atención.

La Policía Nacional ha adoptado un enfoque reactivo, interviniendo solo después de que ocurren los hechos, lo que se traduce en un alto costo social. Este modelo normaliza la sensación de desamparo entre los ciudadanos, quienes, al no poder confiar en el Estado, toman la justicia en sus propias manos, perpetuando un ciclo de violencia.

La situación actual en la República Dominicana no es una guerra, pero sí evidencia una creciente espiral de violencia que, si no se aborda de manera efectiva, se tornará más difícil de revertir. Es fundamental reconocer que, aunque hay comportamientos individuales que deben ser condenados, también existe un sistema que ha fallado en brindar apoyo y protección.

Responsabilidad del gobierno

La responsabilidad de revertir esta situación recae en el gobierno, que ha tenido tiempo suficiente para implementar cambios significativos en materia de seguridad y convivencia. La función de cualquier partido político en el poder es avanzar en la mejora del Estado, pero la realidad actual muestra una falta de respuesta adecuada ante la creciente violencia.

Los ciudadanos esperan acciones concretas que aborden la problemática de manera integral, ya que la inacción solo perpetúa la crisis. La situación exige un enfoque proactivo que priorice la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos.