La Junta Central Electoral (JCE) expresó su preocupación por la reducción unilateral del presupuesto destinado al financiamiento público de los partidos políticos, la cual se ha producido por segunda vez consecutiva desde 2025. Esta decisión no se basa en ninguna disposición legal ni en un proceso de reforma del marco jurídico vigente, sino que se ejecutó al margen del mandato establecido en el artículo 224 de la Ley 20-23 (Ley de Régimen Electoral). La JCE, como órgano rector del sistema electoral, tiene la responsabilidad de garantizar la integridad de la competencia democrática.

Contexto de la reducción presupuestaria

El comunicado de la JCE refleja una tensión entre la discrecionalidad presupuestaria del Poder Ejecutivo y la certidumbre jurídica que exige el ordenamiento electoral para asegurar igualdad en la competencia política. Esta tensión no es nueva, pero la repetición de recortes presupuestarios la convierte en un patrón que requiere análisis. La Constitución Dominicana y la Ley Orgánica del Régimen Electoral reconocen a los partidos políticos como fundamentales para la democracia, estableciendo que el Estado debe asignar anualmente el 0.5% del presupuesto nacional para su financiamiento.

Reducir el financiamiento público por debajo de lo estipulado legalmente sin un proceso legislativo formal constituye una violación del principio de supremacía de la ley. La JCE, como órgano encargado de administrar y fiscalizar el financiamiento público electoral, tiene la obligación de defender este mandato legal en nombre de los partidos políticos y del sistema democrático. El financiamiento público no es un privilegio, sino un mecanismo para asegurar que la competencia electoral no dependa exclusivamente de recursos privados.

La reducción del financiamiento afecta el funcionamiento ordinario de los partidos, incluyendo gastos en mantenimiento de estructuras, pago de personal y actividades de organización. En un país como la República Dominicana, donde operan múltiples partidos, esta disminución no solo ajusta gastos, sino que desmantela las capacidades organizativas de las agrupaciones más pequeñas y emergentes. Además, el financiamiento también se destina a la formación política y capacitación, lo que incide en la calidad democrática interna de los partidos.

Impacto en la participación política

Una parte del financiamiento público está destinada a promover la participación política de mujeres y jóvenes, lo que responde a mandatos legales vinculados a la equidad de género. La reducción de estos fondos contradice los principios de igualdad que la Constitución impone al Estado. La experiencia en otros sistemas electorales de América Latina demuestra que un financiamiento adecuado es esencial para el pluralismo democrático, ya que su reducción favorece a partidos con acceso a recursos privados y penaliza a aquellos que dependen del financiamiento público.

La doctrina especializada en sistemas de partidos sostiene que el financiamiento público es crucial para la viabilidad organizativa de los partidos. Giovanni Sartori y otros autores destacan que su reducción sistemática debilita la representatividad del sistema político. La JCE, al pronunciarse sobre esta situación, actúa en cumplimiento de su mandato constitucional, advirtiendo sobre la erosión de las condiciones necesarias para una competencia equitativa.

La situación actual en la República Dominicana muestra que, aunque no hay una ruptura formal con la Ley 20-23, la reducción del financiamiento tiene efectos equivalentes a una modificación encubierta del régimen legal. La JCE ha hecho un llamado al restablecimiento de la legalidad presupuestaria, enfatizando que el camino correcto no es la reducción unilateral, sino una reforma legislativa que garantice un debate transparente y participativo sobre el financiamiento público de los partidos.