El juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, ha programado para los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación que lo sitúa como presunto «vértice» de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

La decisión de aplazar la comparecencia, que estaba prevista para el 2 de junio, fue tomada tras la solicitud de la defensa de Zapatero, quien argumentó que necesitaba más tiempo para acceder al extenso sumario, del cual solo tuvo acceso el pasado lunes.

En una resolución anterior, el juez Calama subrayó el presunto «liderazgo» de Zapatero, quien fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, en la supuesta red de tráfico de influencias que buscaba la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de fondos públicos para el rescate de Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Esta es la primera vez que un juez decide investigar a un expresidente del Gobierno, lo que ha generado gran expectación mediática y política. Calama ha citado a Zapatero como investigado, lo que ha llevado a un análisis más profundo de su papel en la trama.

El juez sostiene que los beneficios económicos derivados de esta red de tráfico de influencias «habrían sido canalizados» hacia el expresidente y su «entorno más próximo». Según la investigación, Zapatero utilizaría sus «contactos institucionales y empresariales de alto nivel» para obtener decisiones favorables para terceros, especialmente para Plus Ultra.

El magistrado también ha señalado que se creó un entramado de empresas, algunas de ellas sin actividad real, para simular servicios de asesoramiento y canalizar los supuestos beneficios. En este contexto, el juez ve indicios de otros delitos, como blanqueo de capitales y organización criminal.

Tras su imputación, Zapatero afirmó en un vídeo que «jamás» había realizado gestiones ante ninguna administración pública en relación con el rescate de la aerolínea y aseguró que defenderá su inocencia.

Este caso ha desatado una intensa controversia política en España, donde la oposición conservadora exige la convocatoria de elecciones anticipadas, mientras que los partidos que apoyan al Gobierno del socialista Pedro Sánchez demandan explicaciones sobre la situación.