El debate sobre las competencias de la Junta Central Electoral (JCE) ha resurgido en torno a la distinción entre legalidad y juridicidad, un tema crucial para entender el funcionamiento del poder público en el Estado constitucional contemporáneo. Esta discusión se vuelve relevante en un contexto donde la JCE debe garantizar la integridad del sistema democrático dominicano, enfrentándose a desafíos que requieren más que una simple interpretación legalista.

La legalidad se basa en la idea de que la Administración solo puede actuar si una ley lo permite expresamente, mientras que la juridicidad aboga por un enfoque más amplio que incluye la Constitución, los principios del Derecho y los derechos fundamentales. Esta evolución doctrinal es esencial para comprender cómo deben operar los órganos constitucionales en una democracia avanzada.

La función de la JCE en el marco constitucional

La JCE no es solo una dependencia administrativa, sino un órgano constitucional autónomo encargado de asegurar la autenticidad y equidad en el proceso electoral. Su función no puede limitarse a una interpretación rígida de la ley, ya que la Constitución dominicana de 2010 redefinió la estructura del Estado, priorizando la supremacía constitucional y la protección de derechos.

El artículo 138 de la Constitución establece principios como la eficacia y la transparencia, que van más allá de la mera legalidad. Esto implica que la JCE debe actuar no solo conforme a la ley, sino también alineada con los principios democráticos y los fines superiores del sistema.

La diferencia entre legalidad y juridicidad es crucial, ya que una visión legalista puede resultar en una interpretación estática del poder público. En cambio, la juridicidad exige una interpretación funcional que garantice los valores constitucionales y la protección de los derechos fundamentales.

Desafíos contemporáneos y la necesidad de adaptación

Cuando la JCE implementa regulaciones para preservar la integridad electoral, su actuación debe evaluarse en el contexto de su mandato constitucional. Esto es especialmente relevante ante nuevas formas de manipulación política y tecnológica que amenazan la estabilidad democrática.

El reduccionismo legalista, que asume que lo no expresamente permitido por la ley está prohibido, ignora las competencias implícitas que son esenciales para el funcionamiento efectivo de la JCE. Estas competencias permiten a la JCE adaptarse a fenómenos sociales y políticos que no fueron previstos por el legislador.

En el ámbito electoral actual, caracterizado por la manipulación algorítmica y la desinformación, es imperativo que la JCE actúe proactivamente. Ignorar estas amenazas por falta de previsión legal podría llevar a una indefensión institucional que comprometa la democracia.

El principio de juridicidad es, por tanto, fundamental para que los órganos constitucionales autónomos actúen de manera efectiva. La democracia moderna requiere instituciones que operen dentro del marco constitucional y que sean capaces de proteger el sistema democrático frente a desafíos cada vez más complejos.