El Gobierno de Bolivia evalúa la posibilidad de declarar un estado de excepción ante el aumento de protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta situación se presenta al inicio de la cuarta semana de manifestaciones, principalmente en la zona andina, que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto.
La discusión sobre el estado de excepción se intensificó tras la aprobación por parte del Senado de un proyecto que elimina restricciones legales vigentes desde 2020. Este proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se prevé su debate este martes, con el objetivo de otorgar respaldo legal a Paz para implementar esta medida, que está contemplada en la Constitución de 2009.
El diputado Carlos Alarcón, promotor de la medida, explicó que la norma busca derogar la ley aprobada en 2020 por la entonces presidenta interina de la Asamblea Legislativa, Eva Copa. Esta ley regula el uso de las fuerzas de seguridad ante conflictos internos y fue establecida durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.
La ‘ley Eva Copa’ limita el uso de las fuerzas de seguridad y establece que, al dictar un estado de excepción, se prohíbe cualquier restricción a la libertad. Además, permite la intervención de las Fuerzas Armadas solo si la Policía ha sido superada y no hay otros medios para restablecer el orden.
Alarcón argumentó que la normativa actual «ata de pies y manos» al Gobierno, impidiendo el uso legítimo de la fuerza estatal en situaciones de crisis. También criticó que el Legislativo pueda influir en las decisiones de seguridad del Ejecutivo, lo que considera inapropiado en momentos de convulsión interna.
El artículo 137 de la Constitución permite declarar un estado de excepción ante conmociones internas, pero establece que no se pueden suspender garantías ni derechos fundamentales. La aplicación de esta medida puede ser total o restringida a áreas específicas, dependiendo de la valoración del Gobierno.
Alarcón sugirió que la implementación del estado de excepción podría ser escalonada, comenzando con un despliegue policial antes de recurrir a las fuerzas militares en ciertas regiones.
La decisión del Senado ha sido rechazada por la Vicepresidencia, liderada por Edmand Lara, y por la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas contra Paz. La Vicepresidencia argumentó que la ley de 2020 busca evitar que el Estado responda a conflictos sociales con armas letales, recordando los trágicos eventos de 2019 tras la renuncia de Morales.
