El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó el 1 de mayo la Ley 16-26, que permite al Poder Ejecutivo reconocer y saldar deudas por obras realizadas por empresarios y constructores, incluso aquellas ejecutadas sin contratos formalizados.

Esta legislación fue resultado de meses de debates en el Congreso Nacional sobre iniciativas para regularizar compromisos pendientes del Estado con contratistas de proyectos de infraestructura pública.

El proyecto original fue presentado por el senador Franklin Romero y aprobado por el Congreso el 1 de diciembre. Sin embargo, el presidente Abinader lo observó el 16 de enero, señalando que contenía aspectos inconstitucionales.

Entre las observaciones del mandatario estaban la falta de un monto específico a desembolsar y la ausencia de un límite temporal que definiera los casos beneficiados por la ley.

Abinader también cuestionó la falta de mecanismos claros para validar las deudas, enfatizando que el reconocimiento de obligaciones del Estado debe basarse en compromisos “ciertos y líquidos”, respaldados por documentación que acredite la existencia y cuantía de los pagos pendientes.

Ante las objeciones del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional reformuló la iniciativa y elaboró una nueva propuesta legislativa, que fue aprobada y finalmente promulgada por el presidente.