Legisladores demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos criticaron una nueva política migratoria del presidente Donald Trump que obligará a ciertos migrantes con visas temporales a salir del país para solicitar la residencia permanente, conocida como “green card”. La medida fue condenada por el Caucus Hispano del Congreso, que argumenta que dificultará los procesos legales de inmigración para miles de personas que viven y trabajan en el país.

El presidente del caucus, el congresista Adriano Espaillat, describió la política como un ataque a las familias inmigrantes y afirmó que afectará a quienes cumplen con los procedimientos legales establecidos. Espaillat expresó en un comunicado que esta política complicará el acceso a la residencia permanente para quienes ya contribuyen a las comunidades estadounidenses.

El legislador también destacó que la decisión impacta de manera negativa a estudiantes internacionales, científicos, empresarios y cónyuges de ciudadanos estadounidenses que buscan regularizar su situación migratoria. La nueva disposición fue anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad ya contemplaba este requisito, aunque no se había aplicado estrictamente en administraciones anteriores.

De acuerdo con la medida, los migrantes con visas temporales deberán regresar a sus países de origen y acudir a consulados estadounidenses para tramitar la residencia permanente, a menos que se presenten circunstancias excepcionales que aún no han sido especificadas. Las visas afectadas incluyen las categorías de turismo y negocios como las B-1 y B-2, así como visas estudiantiles F-1 y M-1, y permisos laborales temporales como las H-1B para trabajadores especializados y las H-2A y H-2B para labores agrícolas.

Hasta ahora, muchos migrantes podían solicitar el ajuste de estatus migratorio dentro de Estados Unidos cuando calificaban para la residencia mediante matrimonio, empleo o reunificación familiar, sin necesidad de abandonar el país. Este mecanismo permitía a las personas permanecer legalmente en el país mientras esperaban la aprobación de la “green card”, un proceso que puede extenderse durante varios años.

Sin embargo, con la nueva política del Gobierno de Trump, quienes deseen acceder a la residencia deberán realizar el proceso desde el exterior, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes y sectores políticos demócratas. Grupos de derechos civiles advierten que la medida podría resultar en separaciones familiares y dificultades laborales para miles de migrantes con estatus legales temporales.

Esta política es parte del endurecimiento de las medidas migratorias de la Administración Trump en el contexto de la campaña presidencial y el debate nacional sobre inmigración y seguridad fronteriza.