La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que un total de 8.740 personas han recibido libertad plena desde la implementación de la Ley de Amnistía en febrero, como parte de un proceso de “reconciliación y convivencia democrática”. La funcionaria detalló que de este total, solo 314 estaban detenidas en centros penitenciarios, mientras que las restantes 8.426 estaban bajo medidas cautelares que ahora han sido levantadas.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez presentó el balance oficial sobre la aplicación de la ley, indicando que estos datos corresponden a los 63 días de vigencia de la normativa. La Ley de Amnistía abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2026, limitando sus beneficios a personas vinculadas a trece episodios políticos específicos, excluyendo delitos como corrupción, homicidios y violaciones de derechos humanos.

Excarcelaciones adicionales

Rodríguez también mencionó que el Gobierno superará las 500 excarcelaciones de presos políticos realizadas fuera del marco de la ley de amnistía. Hasta el momento, 395 personas han sido liberadas esta semana mediante mecanismos alternos gestionados por la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Estas medidas se llevan a cabo en un contexto donde organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición demandan mayor transparencia en los procesos de liberación y la publicación de los nombres de los beneficiados. Varias ONG han cuestionado las cifras oficiales, indicando que el número real de liberaciones es significativamente menor.

La organización Foro Penal, que defiende a detenidos considerados presos políticos, reportó que las liberaciones de esta semana fueron solo 38 personas. Asimismo, Justicia, Encuentro y Perdón informó que aproximadamente 43 detenidos habían sido excarcelados tras un anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de 300 personas antes del cierre de la semana.

Contexto de críticas y cuestionamientos

Entre los liberados se encuentran tres exfuncionarios de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, condenados a 30 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002. Este anuncio se produce en medio de fuertes críticas internacionales tras la muerte bajo custodia del preso político Víctor Quero Navas, lo que ha generado llamados a una investigación independiente.

La madre de Quero Navas, Carmen Navas, había denunciado la desaparición de su hijo durante más de un año y falleció poco después de que el Gobierno confirmara su muerte, lo que intensificó las críticas hacia el sistema penitenciario venezolano. A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que la ley busca iniciar una nueva etapa política centrada en la reconciliación nacional.