El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, implementó el viernes una serie de medidas para proteger a los inmigrantes, basadas en recomendaciones de agencias de la ciudad tras una auditoría. Esta acción responde a los reclamos del Gobierno federal sobre cooperación en temas migratorios y se enmarca en el informe «Executive Order 13 Audit», relacionado con la orden firmada por Mamdani el 6 de febrero, que busca proteger a los neoyorquinos de la aplicación abusiva de las leyes de inmigración.

La orden estableció el Comité Interinstitucional de Respuesta (IRC), que llevó a cabo la auditoría con el objetivo de generar una respuesta uniforme ante crisis y solicitó a las agencias locales que informen sobre cualquier interacción con las autoridades federales de inmigración. Nueva York es reconocida como una de las «ciudades santuario» en Estados Unidos, donde se limita la cooperación con las agencias de inmigración sin una orden judicial, y ha sido objeto de redadas y otras acciones.

El informe destaca que cerca del 40 % de la población de Nueva York nació en el extranjero, cifra que supera el 60 % si se consideran a sus hijos. Entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 5,567 personas en la ciudad, lo que representa un aumento del 71 % en comparación con el mismo periodo de la administración del presidente Joe Biden.

Más de la mitad de esos arrestos ocurrieron en el tribunal de inmigración 26 de Plaza Federal, donde se han denunciado violaciones a la orden de un juez federal que prohíbe arrestos en o cerca de los tribunales. La auditoría también reveló que ICE ha intensificado su vigilancia en albergues, aumentando las solicitudes de retención al Departamento de Corrección y a la Policía, además de utilizar tácticas agresivas.

Entre las denuncias, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar reportó que los agentes de ICE visitaron sus refugios en trece ocasiones. El Departamento de Corrección recibió 895 solicitudes de ICE para retener a individuos hasta 48 horas después de su liberación, un incremento del 120 % en comparación con 2024.

Asimismo, la Policía recibió 3,672 solicitudes de detención en 2025, un número significativamente mayor a las 94 de 2024, aunque no todas fueron atendidas. Las recomendaciones incluyen que cualquier llamada al 911 relacionada con agentes de inmigración debe ser reportada a los niveles altos del Departamento de Policía, que enviará un oficial a supervisar la situación.

El Departamento de Servicios Sociales también actualizará sus manuales de entrenamiento para asegurar que los empleados no cedan ante órdenes administrativas de ICE y exijan una orden judicial. Además, se prohíbe a ICE utilizar estacionamientos o terrenos de la ciudad como bases operativas para redadas.

Entre las medidas adoptadas, se ordena al Departamento de Corrección que no proporcione más informes a ICE sobre la nacionalidad de los detenidos y se implementará un control estricto sobre los contratistas tecnológicos para prevenir el espionaje digital en comunidades inmigrantes. La entidad Legal Aid celebró estas políticas, resaltando su importancia para la seguridad pública y la confianza comunitaria.