Las declaraciones de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, sobre la celebración de las mujeres vivas en lugar de las muertas han desatado controversia en la opinión pública. La senadora Faride Raful también ha sido criticada por señalar que el Estado ha fallado a las mujeres, a pesar de contar con herramientas que podrían ayudar a reducir los feminicidios.

Se argumenta que hombres con problemas mentales continuarán agrediendo a mujeres por el simple hecho de ser rechazados, un fenómeno que podría evitarse con una aplicación más rigurosa de la ley. La entrega de órdenes de detención a mujeres, que deben ser entregadas por ellas mismas junto a un alguacil, se considera una forma de condena a la represión masculina.

Además, se sugiere que los eventos sobre feminicidios deberían incluir a hombres en lugar de solo mujeres, para que estos puedan escuchar el mensaje, dado que son ellos los agresores. La propuesta incluye llevar a los hombres a la cárcel por acoso e intimidaciones, en lugar de solo ofrecer refugio a las mujeres.

Al presentar una denuncia, se plantea que se debe verificar si el agresor está armado para prevenir posibles ataques, ya que muchas personas poseen armas sin un uso claro. Se hace un llamado a los psicólogos y psiquiatras para que se integren en el sistema de seguridad social y aborden este problema.

Se critica que las leyes actuales no protegen adecuadamente a las mujeres y, en cambio, parecen fomentar la agresión masculina. La falta de acción por parte de políticos, legisladores y el ministerio público es vista como una responsabilidad compartida en la creciente violencia contra las mujeres.

La situación es alarmante, ya que cada año las estadísticas de feminicidios aumentan. Las declaraciones de las autoridades a menudo parecen ser meras palabras vacías, sin un compromiso real para abordar esta crisis que afecta a tantas mujeres inocentes.