La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que exigirá a los migrantes temporales salir de Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente, conocida como «green card». El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) justificó esta medida citando la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que no había sido aplicada por administraciones anteriores.

Con esta nueva política, quienes se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las de trabajo, turismo o estudios, deberán abandonar el país y gestionar su solicitud ante el consulado estadounidense en su lugar de origen. Las visas temporales incluyen las B‑1 y B‑2 para negocios o turismo, así como las F‑1 y M‑1 para estudiantes, y diversas categorías de trabajo temporal, como las H‑1B y H‑2A.

En la actualidad, muchos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos, ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, lo que les permite pedir su «green card» desde el país. Este proceso puede tardar años y durante ese tiempo se les renuevan sus visados.

Sin embargo, el Gobierno de Trump planea que estas personas regresen a sus países para realizar los trámites en un consulado del Departamento de Estado, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas. El portavoz de USCIS, Zach Kahler, afirmó que esta medida busca retomar el propósito original de la ley y garantizar un manejo adecuado del sistema de inmigración.

Kahler subrayó que, a partir de ahora, cualquier extranjero temporal que desee obtener la «green card» deberá regresar a su país de origen para solicitarla, lo que, según él, reducirá la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos.

Esta decisión se enmarca dentro de la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca disminuir la inmigración irregular y limitar las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación. La implementación de esta normativa refleja un cambio significativo en el enfoque hacia los migrantes temporales en el país.