Contratistas de obras del Estado podrían recurrir a acciones de amparo ante presuntas violaciones a sus derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos, advirtió el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Tejada explicó que los contratistas afectados tendrían la facultad de acudir ante los tribunales cuando entiendan que se les ha vulnerado el derecho a la igualdad, especialmente en procesos relacionados con contratos de obras estatales y reajustes económicos contemplados en la ley.
El contratista de obra estatal, cuya obra haya experimentado un aumento superior al 25 % del monto del contrato original, tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, siempre que se mantenga el objeto del contrato y existan circunstancias imprevisibles al inicio del proceso, indicó el experto en Derecho Constitucional y Derecho Público.
Interpretaciones inadecuadas
Tejada sostuvo que algunos funcionarios estarían realizando interpretaciones inadecuadas de los artículos 3 y 7 de la Ley núm. 83-24, que modifica varios artículos de la Ley núm. 118-21, promulgada el 17 de diciembre de 2024. Estas actuaciones podrían afectar derechos fundamentales establecidos en el artículo 39 de la Constitución dominicana, que se refiere al derecho a la igualdad y a la no discriminación.
El ingeniero recordó que la Constitución de 2010 establece en su artículo 6 el principio de supremacía constitucional, que obliga tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos a actuar conforme a la Carta Magna.
Llamado a la supervisión
Tejada hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que supervise las actuaciones de ministros, directores generales y demás funcionarios vinculados a la ejecución de obras estatales. Afirmó que los contratistas solo buscan que se respeten sus derechos y se garantice igualdad de oportunidades dentro de los procesos de contratación pública.
La Constitución de la República es clara en lo referente a la igualdad de oportunidades, y eso es precisamente lo que los contratistas quieren: que se respeten sus derechos, concluyó Tejada.
