Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) dominicanas enfrentan una crisis debido a la falta de políticas públicas efectivas, a pesar de que el discurso oficial las presenta como el motor de la economía. Desde que asumió el cargo, el presidente Luis Abinader no ha implementado medidas concretas y medibles en favor de este sector, que representa aproximadamente el 85.9% de las unidades económicas del país y genera más del 60% del empleo formal.
A pesar de contar con una mayoría absoluta en el Congreso y capital político suficiente, las MIPYMES siguen esperando respuestas. El actual ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Yayo” Sanz Lovatón, ha señalado que impactar la economía a través de las MIPYMES es crucial, pero las acciones hasta ahora han sido limitadas, como la propuesta de agilizar la constitución de empresas en 24 horas.
Sin embargo, abrir una empresa rápidamente no garantiza su supervivencia. Las políticas económicas del gobierno han mantenido estabilidad macroeconómica, pero no han aliviado la carga fiscal de las pequeñas empresas, que enfrentan altos costos operativos. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo ha repercutido negativamente en las MIPYMES, que operan con márgenes estrechos y no pueden absorber estos costos sin reestructuraciones significativas.
Además, el sistema de anticipos fiscales impone una carga adicional, ya que las empresas deben pagar impuestos mensuales basados en años anteriores, incluso si su situación actual es desfavorable. Aunque se propuso eliminar el anticipo para microempresas en una reforma fiscal, esta fue retirada, dejando a las MIPYMES sin un alivio necesario.
La digitalización tributaria es una necesidad, pero su implementación debe considerar el contexto de las pequeñas empresas, muchas de las cuales aún operan con bajos niveles de formalización. Sin el apoyo técnico adecuado, la factura electrónica podría convertirse en un obstáculo en lugar de una herramienta de modernización.
La Ley 688-16, que creó el CONFIE para financiar emprendimiento e innovación, ha mostrado resultados limitados, acumulando recursos insuficientes para el tamaño del ecosistema empresarial. Aunque el presidente Abinader firmó el Decreto 31-22 para priorizar MIPYMES en compras públicas, la falta de seguimiento y métricas convierte estas iniciativas en meros anuncios políticos.
A pesar de tener el margen político para implementar cambios significativos, como eliminar el anticipo del ISR o capitalizar fondos de emprendimiento, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en sectores macroeconómicos. Esto genera crecimiento, pero no fortalece a los pequeños empresarios que sostienen la economía cotidiana.
Para mejorar la situación de las MIPYMES, se sugiere reducir o eliminar el anticipo del ISR, capitalizar instrumentos de emprendimiento a una escala adecuada, publicar métricas sobre compras públicas y acompañar la digitalización con incentivos. Las pequeñas empresas no piden privilegios, sino condiciones equitativas que les permitan crecer y contribuir al desarrollo económico del país.
