La respuesta institucional frente a la violencia de género en la República Dominicana ha generado una contradicción: cuando una mujer es amenazada o agredida por su pareja, es ella quien debe abandonar su hogar, mientras que el agresor permanece en su comunidad. Esta situación fue planteada por el exministro de Salud Pública, Rosa Chupany, quien sugirió que las casas de acogida deberían ser para los hombres violentos, no para las mujeres que intentan sobrevivir.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en el país. Según el Ministerio Público, hasta octubre de 2025 se habían recibido más de 67,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, además de reportarse decenas de feminicidios íntimos, que son asesinatos cometidos por parejas o exparejas. En los últimos 20 años, se han registrado 1,802 feminicidios en la República Dominicana, según un estudio que analizó estadísticas de varias instituciones.

Cuando una mujer ingresa a una casa de acogida, no solo busca protección, sino que también deja atrás su rutina, su trabajo y la estabilidad emocional de sus hijos. La víctima pierde su libertad y su sentido de normalidad, mientras que el agresor, en muchos casos, continúa con su vida hasta que el sistema judicial actúe.

Esta situación resulta profundamente injusta. Chupany propone replantear el enfoque y sugiere crear centros obligatorios para agresores con alto nivel de riesgo, así como su salida inmediata del hogar bajo supervisión judicial y tratamiento psicológico. Esto cuestiona por qué la mujer y sus hijos deben cargar con el peso del desarraigo, mientras el agresor conserva sus espacios y rutinas.

En varios países se implementan órdenes de alejamiento y programas de rehabilitación para hombres violentos, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones. Aunque las casas de acogida son necesarias en situaciones extremas, no deberían ser la única respuesta a este problema.

La verdadera protección consiste en garantizar que la mujer pueda permanecer segura en su entorno, y que el agresor asuma las consecuencias de sus actos. Esto implica un cambio de perspectiva, donde la víctima deja de ser quien se esconde y el agresor es controlado y responsabilizado.

La violencia de género no se resolverá solo con refugios temporales; se requiere educación, intervención temprana y justicia oportuna. Cada feminicidio es el resultado de señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo, y cada mujer obligada a abandonar su hogar resalta la necesidad de un cambio estructural en la respuesta a la violencia.

Es fundamental cuestionar por qué el agresor sigue teniendo la libertad de permanecer donde está. Responder a esta interrogante con acciones concretas es un paso decisivo hacia una protección más justa y efectiva, donde la seguridad de una mujer no dependa de su desplazamiento, sino de la capacidad del Estado para apartar y sancionar a quien la amenaza.