Un juez de la Audiencia Nacional de España ha imputado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al considerarlo el presunto líder de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias. Se le atribuye haber cobrado comisiones de hasta medio millón de euros como intermediario ante instancias públicas en favor de terceros.

El juez José Luis Calama es el encargado de la instrucción del caso, que incluye acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa relacionada con supuestos cobros ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Rodríguez Zapatero deberá declarar ante el juez el próximo 2 de junio, en un caso que se reabrió tras el descubrimiento por parte de la fiscalía anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Detalles de la investigación

En un auto de 85 páginas, el juez Calama describe una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias liderada por Zapatero, quien habría utilizado sus contactos para favorecer a terceros. La investigación indica que esta red empleó sociedades instrumentales y documentación simulada para ocultar el origen y destino de los fondos.

El auto menciona a varias personas del entorno del expresidente y a su secretaria como posibles intermediarios que actuaban como interlocutores con los clientes de la red, recibiendo órdenes directas de Zapatero. Se señala que el principal beneficiario de los ingresos obtenidos sería el propio Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas.

Según el auto, la consultora del empresario Julio Martínez, Análisis Relevante, habría transferido 490,780 euros a Zapatero y 239,755 euros a Whathefav, lo que sugiere que la mayor parte de los fondos de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno del expresidente.

Posibles delitos y mecanismos de influencia

El juez también ha encontrado indicios de un posible delito de blanqueo, relacionado con la creación de sociedades en jurisdicciones de baja transparencia y el uso de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real de los fondos. Además, se destaca que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante mecanismos no establecidos legalmente.

Para lograrlo, se articularon dos líneas de influencia: una a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos y otra mediante Zapatero. Aunque ambas vías operaron simultáneamente, la de Zapatero fue la que predominó y permitió a Plus Ultra alcanzar sus objetivos. El juez concluye que los indicios recabados evidencian la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias, sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero.