En la República Dominicana, de cada RD$1,000 que un ciudadano gasta en gasolina, aproximadamente un tercio se destina a impuestos, convirtiendo el galón de combustible en una fuente de ingresos para el Estado y en una garantía de riqueza para ciertos sectores de la distribución. Esta situación afecta directamente al consumidor, quien enfrenta un alto costo de vida y financia casi el 10% de las recaudaciones totales del Gobierno a través del combustible.

Según el análisis de la estructura de precios realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), cerca del 32% del costo de la gasolina corresponde a tributos, incluyendo el impuesto específico de la Ley 112-00, el ad-valorem y otros gravámenes menores. Además, el precio que paga el consumidor incluye una cuota fija destinada a distribuidores, detallistas y transportistas, cuyos márgenes de comercialización están fijados por ley y no dependen de la competencia ni de la eficiencia del mercado.

Mientras los ciudadanos luchan por cubrir sus gastos diarios, los dueños de estaciones de servicio, grandes importadores y sindicatos de transporte aseguran sus ganancias sin verse afectados por las crisis internacionales o la volatilidad de los precios del petróleo. Esta situación ha generado indignación entre los consumidores, quienes sienten que el sistema está diseñado para beneficiar a un grupo selecto.

A pesar de que el Gobierno ha implementado subsidios millonarios en momentos de aumento del precio del crudo para mitigar el impacto en los precios al consumidor, estas medidas son consideradas insuficientes. El problema subyacente es estructural y requiere una revisión integral de la legislación sobre hidrocarburos para abordar las causas de fondo.

El peso del costo del petróleo, junto con la presión fiscal del Estado y los márgenes de ganancia garantizados a ciertos actores privados, recae sobre el contribuyente. La verdadera reforma en el sector de combustibles no se logrará hasta que se deje de ver a los dominicanos como una simple fuente de recursos y se democratice la estructura de precios.