La organización Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de la República Dominicana que separe de inmediato el acceso a la salud del control migratorio, criticando un protocolo que vincula el uso de servicios sanitarios por parte de haitianos indocumentados con la deportación. Esta solicitud se produce en el contexto de que el país asumió la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud este lunes.

AI subrayó que el país debe garantizar que nadie sea objeto de discriminación racial, detención y expulsión tras recibir atención médica. La ONG destacó que la nueva responsabilidad del país en Ginebra, Suiza, requiere coherencia interna y el fin de la discriminación.

Responsabilidad del gobierno dominicano

Al asumir la presidencia del principal foro mundial de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de demostrar que su liderazgo se traduce en garantías reales de acceso a la salud para todas las personas dentro de su territorio, sin discriminación racial, según AI.

La organización consideró «gravemente contradictorio» que la República Dominicana presida la Asamblea Mundial de la Salud mientras pone en riesgo la salud de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, lo que podría disuadirles de acudir a hospitales por miedo a ser deportados.

AI concluyó que el gobierno dominicano debe separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio y asegurar que nadie sea discriminado ni expulsado tras recibir atención médica.

El protocolo en cuestión, establecido en abril de 2025, exige que inspectores y agentes migratorios verifiquen que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y que cubran el costo de los servicios. De no cumplir con estos requisitos, serán atendidos médicamente y deportados una vez recuperados.

En octubre de 2024, el presidente Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, alcanzando unas 10,000 deportaciones semanales, lo que afecta principalmente a haitianos, a pesar de los llamados de organizaciones internacionales para detener estas acciones.

En 2025, la República Dominicana deportó a 370,000 haitianos, un 37.4 % más que en 2024, según cifras oficiales.