El abogado Luis Yépez Suncar afirmó este lunes que la convivencia civilizada y ordenada de una sociedad depende de un ordenamiento jurídico sólido y del respeto a las leyes, sin importar si los ciudadanos están de acuerdo con su contenido. En su análisis semanal “Mi pensamiento en dos minutos”, Yépez Suncar abordó el derecho al olvido y la memoria social.

Durante su exposición, recordó que en la República Dominicana no existen la cadena perpetua ni la pena de muerte, siendo esta última suprimida en 1924 y reemplazada por una pena de treinta años de reclusión mayor, que es la sanción más severa en la legislación penal dominicana hasta la fecha. Sin embargo, el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto de este año, introduce sanciones más largas y la figura del cúmulo de penas, que no pueden exceder los 60 años.

Yépez Suncar destacó que el objetivo principal de las penas no es solo castigar al infractor, sino también facilitar su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Este principio está respaldado por el artículo 40, numeral 16, de la Constitución dominicana, que establece que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social.

El abogado subrayó que, una vez cumplida la condena, el individuo recupera sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, reconoció que olvidar ciertos delitos, especialmente aquellos que han dejado una huella profunda en la conciencia colectiva, puede ser complicado para la sociedad.

En este contexto, Yépez Suncar planteó un dilema jurídico y social: el conflicto entre el derecho al olvido de una persona que ha cumplido su condena y el derecho de la sociedad a recordar eventos que siguen causando dolor. Este dilema, según él, es de gran importancia tanto jurídica como humana.

“Nos encontramos frente a una discusión de gran trascendencia jurídica y humana, en la que confluyen el propósito de reinserción del condenado y la necesidad de la sociedad de preservar la memoria de hechos que la marcaron profundamente”, concluyó.