Los países de Oriente Medio han intensificado la aplicación de la pena de muerte en 2025, con Irán y Arabia Saudí alcanzando cifras récord en ejecuciones, según un informe de Amnistía Internacional publicado este lunes. Irán reportó 2.159 ejecuciones, la cifra más alta desde 1981, mientras que Arabia Saudí ejecutó al menos a 356 personas, superando su récord anterior de 345. La organización advierte que estas acciones se utilizan como herramientas de represión política y control social.

Amnistía Internacional destacó que en Irán, la pena de muerte se ha convertido en un medio para castigar a quienes cuestionan al régimen de la República Islámica. En el caso de Arabia Saudí, las ejecuciones se llevan a cabo a un ritmo alarmante, ignorando las restricciones internacionales sobre su uso. De las ejecuciones en este país, el 67% (240 personas) estaban relacionadas con delitos de drogas, a pesar de que el derecho internacional prohíbe la pena capital en estos casos.

Ejecuciones en Kuwait y procedimientos injustos

En Kuwait, el uso de la pena de muerte se triplicó, con 17 ejecuciones en 2025 frente a las 6 del año anterior. Esto se debe a una nueva ley sobre drogas que amplía la pena capital a quienes produzcan y trafiquen con sustancias ilícitas, especialmente si son reincidentes o venden a menores de edad.

El informe de Amnistía Internacional también señala que el panorama en la región refleja un uso de la pena de muerte basado en procedimientos injustos. Muchas ejecuciones se llevan a cabo tras confesiones obtenidas bajo tortura y se aplican a delitos que no implican pérdida de vidas, lo que contraviene las normas de derechos humanos.

La organización denuncia que varios gobiernos de Oriente Medio y el norte de África utilizan la pena de muerte para reprimir la disidencia y enfrentar amenazas a la seguridad nacional, en un contexto de endurecimiento de las políticas contra las drogas. Este incremento en las ejecuciones plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en la región.