Un conflicto político ha surgido en el ayuntamiento de Las Charcas, provincia de Azua, tras la juramentación de la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte como nueva alcaldesa, luego de la supuesta renuncia del alcalde Brennis Jonathan Fontanez, quien ha negado haber dimitido.

Sánchez Agramonte aseguró que Fontanez presentó una carta de renuncia «irrevocable» al Concejo de Regidores, la cual fue leída y aprobada en una sesión el 24 de abril, en la que el alcalde estuvo presente. Sin embargo, Fontanez ha adelantado que buscará la intervención de la justicia para anular la juramentación, calificándola de «golpe de Estado» sin precedentes en el país.

Reacciones y denuncias

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, expresó su rechazo a lo que considera un intento de despojar a Fontanez de su cargo. Núñez denunció que el pasado 15 de mayo, la vicealcaldesa y tres regidores intentaron llevar a cabo un golpe de Estado.

Según Núñez, la juramentación de Sánchez Agramonte responde a un «supuesto acuerdo de aposento» para destituir a Fontanez, lo que él considera carente de legalidad y que vulnera el principio de autodeterminación de los votantes del municipio.

Posición de la vicealcaldesa

En una entrevista telefónica, Sánchez Agramonte afirmó que Fontanez debería llevar ante los tribunales a quien considera le falsificó la firma. Además, anunció que tomará posesión de su cargo en las próximas horas de este lunes.

La vicealcaldesa explicó que la carta de renuncia se presentó como último punto en la sesión del 24 de abril, tras la memoria del alcalde. Aclaró que su juramentación se realizó el viernes porque la ley establece un plazo de 15 días hábiles para que la Sala Capitular actúe.

La Sala Capitular está compuesta por cinco regidores: dos del PRM, dos del PLD y uno de la Fuerza del Pueblo, siendo el actual presidente de la Sala, Steven Báez Terrero, de la Fuerza del Pueblo.

Núñez también anunció que notificará a la vicealcaldesa para que se abstenga de asumir como alcaldesa, argumentando que su posición sería ilegal. Además, indicó que se presentará un recurso al Tribunal Administrativo para dejar sin efecto la medida tomada por la Sala Capitular.