El Salvador y Guatemala se unieron a una declaración conjunta en la que varios países de la región rechazan «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático» en Bolivia, donde protestas de sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace 11 días. La información fue compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en la red social X.
La declaración, que también incluye a Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, expresa preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, destacando el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población. Los países manifestaron su «solidaridad» con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y el pueblo boliviano.
Rechazo a la desestabilización
El comunicado enfatiza el rechazo a cualquier intento de alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional de Bolivia, elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025. Además, se exhorta a los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias a través del diálogo y el respeto a las instituciones.
Las protestas, que han llevado a bloqueos en las carreteras, se concentran principalmente en el departamento de La Paz y la ciudad de El Alto, donde los manifestantes exigen la renuncia del presidente Paz. El Gobierno boliviano ha denunciado un «plan macabro» supuestamente orquestado por el expresidente Evo Morales para desestabilizar el país, acusaciones que Morales ha rechazado.
Operativos del Gobierno
El Gobierno de Bolivia ha afirmado que realizará todos los esfuerzos necesarios para evitar un «derramamiento de sangre», tras el inicio de una operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las principales carreteras bloqueadas. Esta situación ha generado un clima de tensión y preocupación en el país andino.
Las acciones de protesta y la respuesta del Gobierno reflejan una crisis que ha captado la atención de varios países latinoamericanos, quienes han decidido manifestar su postura en apoyo a la democracia en Bolivia. La situación continúa siendo monitoreada por la comunidad internacional.
