La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd) y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) rechazaron el Decreto 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader, argumentando que busca transformar el sistema educativo dominicano sin un debate científico, democrático y acorde a la realidad nacional.

Durante el programa La Voz del CEN, representantes de Faprouasd y del Observatorio de Políticas Públicas expresaron que el proceso del Gobierno carece de planificación y se pretende ejecutar de manera acelerada y excluyente. El presidente de Faprouasd, Pastor de la Rosa, enfatizó que una reforma educativa no puede improvisarse “en 45 días” y debe incluir estudios diagnósticos y participación amplia.

De la Rosa también señaló que la desacreditación de instituciones públicas es un patrón que se repite, y que ahora se intenta aplicar a la educación dominicana. Por su parte, el secretario general de Faprouasd, Apolinar Méndez, indicó que el gremio no se opone a los cambios, pero critica la falta de participación democrática en el proceso.

Méndez afirmó que es fundamental respetar los procesos y garantizar una discusión inclusiva y participativa en la transformación educativa. En este contexto, el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, Fernando Peña, describió el decreto como parte de una estrategia que busca profundizar la privatización de la educación pública y disminuir el papel del Estado en la garantía del derecho a la enseñanza.

Peña también destacó la preocupación por la falta de una evaluación integral del Pacto Educativo y las políticas educativas previas antes de implementar una reforma. Resaltó que la educación dominicana no puede ser decidida a través de decretos o comisiones burocráticas, ya que es un derecho y no un producto comercial.

Los educadores expresaron su inquietud ante lo que consideran intentos de sectores empresariales y organismos internacionales de transformar el sistema educativo dominicano en un modelo que responda a intereses privados, perjudicando así la educación pública y el magisterio nacional.

El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De la Rosa, denunció que el decreto refleja la desesperación del presidente por cumplir con una agenda internacional y con sectores empresariales que buscan privatizar el sistema educativo. De la Rosa concluyó que la solución para la educación dominicana no radica en importar modelos extranjeros, sino en desarrollar políticas que atiendan las necesidades del país.