El abogado Valentín Medrano alertó hoy sobre la necesidad de pruebas rigurosas en la etapa preliminar de los procesos penales, las cuales deben ser obtenidas de manera lícita y estar directamente vinculadas a los hechos imputados. Esta advertencia surge en el contexto del caso del ex ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, donde se observa una degradación del estándar probatorio por parte del Ministerio Público.

Medrano señaló que el proceso en cuestión es un ejemplo de cómo se utilizan estrategias comunicacionales para afectar la reputación de los imputados y justificar medidas de coerción, a pesar de la falta de pruebas reales y suficientes. En un Estado Social, Democrático y de Derecho, acumular documentos sin valor probatorio no es suficiente para sostener una imputación penal.

El jurista citó a Eugenio Raúl Zaffaroni, quien advirtió que aceptar documentos sin valor probatorio coloca a los ciudadanos en un estado de indefensión. Esto se evidencia en procesos donde se presentan más papeles que pruebas efectivas.

En la audiencia del 29 de enero de 2026, se comprobó que entre las supuestas pruebas del Ministerio Público hay documentos en inglés que no han sido traducidos al español, lo que pone en duda su validez. La audiencia preliminar para emitir el fallo está programada para el 29 de mayo de 2026.

Medrano también criticó la estrategia del Ministerio Público de generar condenas sociales anticipadas a través de la presión mediática, antes de presentar pruebas concretas que demuestren la comisión de delitos. En particular, cuestionó la falta de evidencia que respalde la acusación de estafa al Estado contra Peralta.

Recordó el caso Antipulpo, donde trece personas fueron enviadas a juicio y, cinco años después, fueron descargadas por insuficiencia probatoria. Esto resalta la importancia de que los jueces actúen como un dique de contención ante imputaciones débiles o fabricadas en la etapa preliminar.

Finalmente, Medrano enfatizó que flexibilizar el estándar probatorio en esta fase puede causar daños irreparables a la reputación y la vida de los acusados, mucho antes de que se emita una absolución.