La representante de la Coalición por la Seguridad Social Digna, María Teresa Cabrera, alertó sobre un posible intento de «profundizar la privatización» del sistema de Seguridad Social con el proyecto que el Poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional. Cabrera denunció que el borrador del Gobierno incluye medidas que perjudican a la población, como el aumento de las cotizaciones y la elevación a cinco años más de la edad para que un trabajador pueda pensionarse.

La dirigente política destacó que la reforma necesaria debe poner fin a la «lógica de negocios» que impera en la ley vigente. Subrayó que la normativa actual del sistema de salud solo ha beneficiado a las entidades que manejan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Fondos de Pensiones (AFP), que son propietarios de los bancos comerciales.

«Si se va a hacer una reforma, debe ser para que el sistema de seguridad cumpla con su función de garantizar la protección social del pueblo dominicano», enfatizó Cabrera. Además, insistió en que el Gobierno debe presentar una reforma integral que alivie la preocupación de las personas que enfrentan enfermedades y se encuentran con la desalentadora realidad de no contar con cobertura en sus seguros de salud.

La representante criticó que los seguros médicos no cubren medicamentos más allá de «calmantes o algo para la gripe», argumentando que la lógica detrás de esto es que los dueños de las empresas busquen maximizar sus ganancias en lugar de proteger a la población.

El proyecto de reforma a la Ley 87-01 aún no ha sido depositado en la sede legislativa, a pesar de que el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó recientemente que se estaban ultimando los detalles. Una vez que sea presentado, deberá ser estudiado por la comisión bicameral encargada de otras normativas, donde se anticipa un amplio debate debido a la importancia del tema para la población.

La reforma a la Ley 87-01 ha sido una demanda constante de diversos sectores, que consideran esencial adaptar el sistema a las necesidades actuales y asegurar una protección social más justa, equitativa y eficiente para todos los ciudadanos.