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Drones armados en Haití amenazan la seguridad de la niñez

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La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, alertó este jueves sobre el uso de drones armados por las fuerzas de seguridad haitianas, indicando que esta práctica pone en «riesgo directo» a la población, especialmente a la niñez. La advertencia surge tras la publicación de cifras por parte de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) sobre las víctimas de la violencia en el país.

Piquer enfatizó que el uso de drones armados en áreas urbanas densamente pobladas representa un precedente alarmante en Haití, lo que podría resultar en «probables ejecuciones extrajudiciales». Afirmó que las autoridades haitianas deben evitar el uso ilegítimo de esta tecnología y clarificar quiénes son los operadores y bajo qué marco legal se utilizan.

Impacto en la niñez

La directora de la ONG calificó el uso indiscriminado de drones armados como «desconcertante y profundamente cruel». Enfatizó que el Estado haitiano tiene la responsabilidad de proteger a la infancia y no exponerla a nuevas formas de violencia mediante el uso de tecnología letal.

Piquer destacó que, mientras se destinan recursos a la militarización, millones de niños y niñas en Haití viven con miedo, hambre y sin acceso a la educación. «Proteger a la infancia debe ser el centro de toda respuesta a la crisis», subrayó.

Durante el primer trimestre de 2026, al menos 1,642 personas murieron y 745 resultaron heridas en Haití, según datos recientes de la Binuh. El informe indica que las pandillas fueron responsables del 27% de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69% de los muertos y heridos, incluyendo a decenas de civiles, entre ellos niños.

Los ataques con drones han dejado un saldo de 41 muertes y 28 heridos. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó que entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, las operaciones contra las bandas desde drones y helicópteros fueron responsables de la muerte de 60 personas no vinculadas a pandillas, incluyendo a siete niños y seis niñas.

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