El Instituto Duartiano criticó el acuerdo firmado entre el Gobierno dominicano y los Estados Unidos, que permite la entrada al país de ciudadanos de terceros países deportados desde la nación norteamericana. Según el presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, esta medida compromete la soberanía nacional y vulnera el ordenamiento jurídico migratorio de la República Dominicana.

Gómez Ramírez calificó el acuerdo como «excesivamente complaciente» y advirtió que, bajo el pretexto de facilitar el retorno de extranjeros, se estaría violando la legislación migratoria dominicana, que solo permite la recepción de ciudadanos dominicanos y, excepcionalmente, de extranjeros con visas otorgadas por las autoridades consulares.

El jurista también cuestionó la decisión en un momento en que el país enfrenta una situación «altamente crítica» debido a la presencia de «extranjeros indocumentados procedentes de Haití». Consideró contradictorio que se busque aumentar la cantidad de personas en condición migratoria irregular en el territorio dominicano.

Gómez Ramírez recordó que hace tres meses, el presidente Luis Abinader había descartado la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza, lo que le lleva a cuestionar el «violento cambio de actitud» del Gobierno en este asunto.

El presidente del Instituto Duartiano expresó su preocupación por el hecho de que las operaciones incluyan el aterrizaje de aeronaves militares extranjeras y el uso de aeropuertos militares dominicanos, lo que, según él, requiere un «amplio debate nacional» por sus implicaciones soberanas y estratégicas.

Por su parte, el canciller Roberto Álvarez aclaró que el memorando de entendimiento tendrá una vigencia de un año y no implica que los extranjeros permanecerán indefinidamente en el país. Aseguró que su estadía será de «días» y que solo se aceptarán hasta 30 deportados por mes, excluyendo haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes criminales.

Álvarez enfatizó que la República Dominicana decidirá a quién admite y a quién no, y que el país no asumirá procesos de asilo ni refugio de migrantes enviados por Estados Unidos. Además, destacó que el acuerdo no es jurídicamente vinculante y puede ser terminado por cualquiera de las partes cuando lo considere necesario.

Finalmente, el canciller informó que los Estados Unidos cubrirán los costos de la estadía y el traslado de los migrantes a sus países de origen.