La Coalición por la Seguridad Social Digna y otras organizaciones exigieron este jueves una reforma integral de la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con el fin de garantizar derechos fundamentales y fortalecer la protección social en la República Dominicana.
Las entidades señalaron que, tras 25 años de implementación, el sistema actual ha demostrado ser incapaz de asegurar los derechos establecidos en la Constitución, debido a su enfoque privatizador y orientado al mercado. En un documento leído por Rosalina Núñez frente al Congreso, denunciaron que el modelo vigente prioriza las ganancias de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), limitando el acceso a servicios de salud de calidad y negando pensiones dignas a la población trabajadora.
Demandas de las organizaciones
La coalición advirtió que la discusión sobre la reforma de la Ley 87-01 es una oportunidad histórica para transformar el sistema en beneficio de la ciudadanía, aunque alertó sobre el riesgo de que se aprueben modificaciones que profundicen el modelo actual. Entre sus principales demandas, rechazaron cualquier propuesta que implique aumentar la edad de retiro o las cotizaciones de los trabajadores, así como permitir que las AFP continúen utilizando los fondos de pensiones en beneficio de intereses privados.
Asimismo, exigieron que el proceso de reforma se lleve a cabo de manera democrática, transparente y con la participación vinculante de la sociedad civil, considerando las discusiones realizadas en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, las vistas públicas y la Mesa de Diálogo para la Reforma impulsada por el Gobierno.
El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Rufino Senén Caba, instó al pueblo dominicano y a sus organizaciones a movilizarse frente al Congreso. Aseguró que hay un proyecto de ley diseñado para favorecer a sectores bancarios, que negaría más derechos a la población en salud y pensiones.
Senén Caba enfatizó que si el pueblo no se moviliza, enfrentará graves consecuencias, advirtiendo que es un momento de unidad y combate para evitar que ese nuevo proyecto nefasto se apruebe. Las entidades también plantearon la necesidad de construir un sistema de pensiones solidario, universal y público, que garantice pensiones justas y suficientes, así como un seguro nacional de salud sin copagos ni restricciones.
Adicionalmente, reclamaron una mayor inversión en salud pública, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y la defensa del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y los sistemas de pensiones como derechos adquiridos. Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que legislen en función del interés colectivo y no de los negocios privados, sugiriendo la realización de un referéndum democrático si no se alcanza un consenso.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Unión Clasista de Trabajadores, Asodifimo, Escuela Multitemática, Conamuca, Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Cepatode, Mopesep, entre otras.
