El canciller Roberto Álvarez justificó el memorándum de entendimiento entre República Dominicana y Estados Unidos, que permite al país recibir migrantes deportados desde territorio estadounidense en condición de tránsito para ser repatriados a sus lugares de origen. Álvarez explicó que este acuerdo es parte de una “colaboración estratégica” con EE.UU., que ha apoyado a la nación dominicana en la crisis de Haití.

A pesar de sus explicaciones, persiste la preocupación ciudadana sobre la decisión de aceptar deportados de terceros países. El canciller mencionó que se aplicará una vía rápida para devolver a estos extranjeros a sus países de origen, aunque su ingreso deberá ser autorizado por las autoridades dominicanas.

Álvarez también aseguró que el gobierno estadounidense cubriría el costo de la estadía de los deportados en el país. Sin embargo, esta afirmación no ha logrado calmar las inquietudes sobre el impacto del acuerdo en la soberanía nacional.

El canciller utilizó argumentos técnicos y jurídicos para explicar los alcances del acuerdo, enfatizando que “nadie entrará a República Dominicana sin autorización del Gobierno”. No obstante, se recuerda que todo convenio conlleva obligaciones que deben ser cumplidas.

El futuro del acuerdo, junto con la reanudación del permiso para que aviones militares estadounidenses usen instalaciones del Aeropuerto de las Américas y la base aérea de San Isidro, así como la designación de grupos como terroristas, plantea interrogantes sobre su efecto en la soberanía del país. Aunque Álvarez presenta su caso, muchos aún no están convencidos de sus beneficios.