Venezuela anunció el miércoles el inicio de un plan para reestructurar su deuda pública externa, un paso crucial para reconectar con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Este proceso se da en un contexto donde el país ha enfrentado dificultades significativas desde 2017, cuando comenzó a incumplir pagos de bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2018 han limitado aún más la capacidad de pago del gobierno venezolano. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en una incursión estadounidense en enero, y ha impulsado reformas en los sectores petrolero y minero para atraer capital privado.

Flexibilización de sanciones

Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones contra Venezuela, permitiendo ciertas licencias que facilitan negocios y trámites legales, lo que abre la puerta a una futura reestructuración de la deuda. La vicepresidencia económica de Venezuela comunicó en redes sociales que se ha lanzado formalmente un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de PDVSA.

A pesar del anuncio, el comunicado no ofrece detalles específicos sobre el proceso. La misiva reafirma que «Venezuela cumplirá sus compromisos de manera sostenible». Recientemente, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó ciertos servicios al gobierno venezolano relacionados con una posible reestructuración, aunque aún existen restricciones para transacciones con bonos de deuda.

Condiciones para la reestructuración

Desde 2018, el Banco Central de Venezuela no publica datos oficiales sobre la deuda pública externa, que en ese momento ascendía a casi 90.000 millones de dólares. Otras estimaciones privadas la sitúan en aproximadamente 150.000 millones de dólares, al incluir deudas con organismos multilaterales y laudos arbitrales por expropiaciones.

Expertos advierten que el anuncio es simbólico, ya que aún no se cumplen ciertas condiciones necesarias para iniciar el proceso. Las sanciones vigentes y la falta de transparencia sobre la tenencia de la deuda complican la situación. Según el abogado José Ignacio Hernández, Venezuela no cuenta con las capacidades necesarias para iniciar formalmente la renegociación de la deuda, aunque el anuncio podría facilitar un proceso ordenado y consensuado.

Venezuela reanudó su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, lo que podría ser clave para facilitar las negociaciones con los acreedores en el futuro.