La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, regresó al país tras su participación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde defendió los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. Rodríguez expresó su satisfacción en un video publicado en su cuenta de Telegram, donde destacó la importancia de esta defensa territorial.
Durante su regreso, Rodríguez estuvo acompañada por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. La mandataria subrayó la unidad de Venezuela en este tema y agradeció a la Asamblea Nacional y a la oposición por su apoyo en la defensa del Esequibo.
Detalles de la intervención en la CIJ
La presidenta, quien es abogada de profesión, llegó a Países Bajos el domingo para participar en las audiencias públicas sobre el Esequibo, que se llevaron a cabo entre el 4 y 11 de mayo. Durante su intervención, calificó el caso territorial como un «absurdo antijurídico» y advirtió que ninguna sentencia de la Corte ofrecería una solución definitiva aceptable para ambas partes, sugiriendo que podría perpetuar el conflicto.
Rodríguez mencionó que Venezuela presentó más de 3,000 folios ante la corte, aunque denunció que el Reino Unido le negó el acceso a pruebas relevantes. La región del Esequibo es actualmente administrada por Guyana y representa cerca de dos tercios de su territorio, mientras que Caracas sostiene que forma parte de su soberanía desde la época colonial.
El litigio se originó en marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que se declare la validez del laudo de 1899 y su efecto vinculante en la delimitación fronteriza. Venezuela, por su parte, declaró el laudo nulo en 1962, alegando irregularidades en el proceso.
Guyana invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 como base para la competencia de la Corte y como medio para resolver controversias entre Estados. En junio de 2018, Venezuela comunicó que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.
En diciembre de 2020, la Corte determinó que era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y la resolución del desacuerdo territorial. Posteriormente, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas, confirmando su capacidad para examinar el fondo del caso.
